CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya, volvió a ganarle a la Fiscalía General de la República (FGR) al recuperar una residencia con valor de 38 millones de pesos, la cual, según investigaciones de los fiscales, el exfuncionario había obtenido con recursos provenientes de sobornos.
De acuerdo con Emeequis, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Domino, Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente el recurso legal con el cual los fiscales pretendían quitarle de forma definitiva a Lozoya su casa ubicada al poniente de la Ciudad de México. Ordenó que la propiedad le sea devuelta.
La residencia fue confiscada preventivamente en mayo de 2019 y una vez ingresado Lozoya al Reclusorio Norte, las autoridades comenzaron el proceso para que la propiedad pasara a manos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una jueza federal ordena a la @FGRMexico devolver al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya su residencia de Lomas de Bezares valuada en más de 38 millones de pesos pic.twitter.com/FhBLww99oj
— adn40 (@adn40) November 23, 2023
La Fiscalía sostuvo desde el principio que la residencia fue adquirida por el exfuncionario con supuestos sobornos que recibió para la compra de la planta chatarra Agronitrogenados, lo que el exfuncionario y su defensa rechazaron las acusaciones para, posteriormente, ser cancelado por un juez su proceso, pues el daño ya estaba siendo reparado.
La jueza resolvió que los fiscales se equivocaron al solicitar el cambio de dueño del lujoso inmueble de 1 mil 165 metros cuadrados, con un recurso legal que no estaba vigente cuando ocurrieron los presuntos hechos delictivos llevados a cabo por el exdirector de Pemex.
En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en 2012, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional.
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