TUXTLA GUTIÉRREZ.— El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) urgió al Gobierno federal y estatal a atender la crisis de desplazamiento forzado en las regiones de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, en Chiapas, debido al crimen organizado.
A través de un comunicado, el centro Frayba informó que desde el 15 de enero, en dichos municipios, ubicados en la Sierra y Frontera de Chiapas, ha habido 2 mil 300 personas desplazadas de manera forzada por la narcoviolencia que se vive en la zona.
“Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población”.
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— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) January 18, 2024
El organismo no gubernamental exigió atender a las víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dan origen; denunciaron que el Gobierno de Chiapas les niega el estatus de desplazados forzados y solo los denomina personas en “situación de vulnerabilidad”, para evadir la ley sobre la materia.
Rrefirió que el pasado 15 de enero en los limites de los municipios de Socoltenango y Chicomuselo se presentó un enfrentamiento entre grupos armados y refirió que desde dicho día hay denuncias de desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado y violencia.
“El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América (Chicomuselo) intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno”.
Frayba señaló que esta problemática no es nueva y resaltó que de junio de 2021 a la fecha, en Chiapas, han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10 mil personas, “quienes han huido de sus hogares para salvar sus vidas”.
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