CHETUMAL.— En sesión ordinaria, la XVII Legislatura de Quintana Roo aprobó este martes reformas al Código Penal estatal, enfocadas en fortalecer la persecución de la extorsión, la cual se perseguirá de oficio; además, se incrementarán las sanciones para el delito de aborto forzado.
El Pleno del Congreso de Quintana Roo dio luz verde al dictamen que propone modificaciones al artículo 124 Ter y al artículo 163 del Código Penal estatal. Estas reformas aprueban la persecución de oficio del delito de extorsión, dotando así a las autoridades de herramientas más efectivas para combatir este flagelo.
“Hemos avanzado en reformas para combatir la extorsión, pero aún debemos lograr la prisión preventiva oficiosa para sus perpetradores”, expresó el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Alday. “Es un delito que incluye el ‘derecho del piso’ y de esta forma será mucho más sencillo para Fiscalía General del Estado retener a los sujetos activos en vez de liberarlos” añadió.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado 27 denuncias ante la Fiscalía General de Quintana Roo por casos de extorsión. En 2023 fueron un total de 116 casos.
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Por otro lado, se amplió el alcance de las sanciones relacionadas con el aborto forzado. En particular, se establece que aquellos que perpetren esta acción sin el consentimiento de la mujer o persona gestante enfrentarán penas de cinco a ocho años de prisión. En casos donde se emplee violencia como medio comisivo, la pena se incrementará de ocho a diez años.
También se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del estado de Quintana Roo.
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EM/dsc
