Adrián García Aguirre / Bacalar, Q. Roo
*Desproporcionado aumento en el valor de las tierras.
*Las cifras oficiales ya alcanzan hasta un 350 %
*Una carta denuncia amenazas contra bienestar y seguridad.
*Las falsas “reubicaciones consensuadas” del gobierno.
*Aplicación del mecanismo de expropiación por “causas de utilidad pública”
En 2020, y tras incumplir las normativas ambientales vigentes y muchas otros reglamente que las leyes establecen, el proyecto del Tren Maya dio comienzo con grandes expectativas, y con él se activaron los preparativos para atravesar el municipio de Bacalar y sus ejidos mediante el denominado Tramo 6, sin que se hayan previsto los daños y consecuencia de esa obra.
Semejante plan implicó un escalón más en los procesos de turistificación del municipio alentando, por ejemplo, un aumento en el valor de la tierra del orden del 350 % en apenas dos años, según datos del Colegio de Ingenieros Civiles.
De acuerdo a esa entidad, aquellos lotes que cotizaban a razón de los mil pesos el metro cuadrado pasaron a valer 4,500 sólo entre el anuncio de la construcción del tendido ferroviario y el inicio de 2020.
Para imponer su tren, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -a través de FONATUR- los primero que ordenó fue activar una campaña de desalojos a los que públicamente presentó como “reubicaciones consensuadas” que resultaron falsas, y acordó con el ejido de Bacalar la toma de control de algo más de 56 hectáreas.
La señora María Olvera y su familia están entre las familias afectadas por el paso del tramo 6 del tren en el ejido Bacalar, y sus representantes legales expresan lo siguiente:
“La especulación en los terrenos cercanos a la laguna es terrible. Hay una violencia que no se está diciendo, pero que en el propio pueblo se escucha. Llega gente que está involucrada en el crimen organizado, que violenta a los veladores de los terrenos en disputa, para apoderarse de espacios que pueden ser estratégicos para el turismo”.
Un integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muuch Xiímbal, añade: “La gente de Bacalar ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a estar rentando? ¿Nos van a seguir sacando de nuestras tierras o vamos a sentirnos obligados a vender?”
La voracidad oficial por disponer de espacios para desplegar el proyecto viene siendo tal que, según quedó indicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal expropió por “causas de utilidad pública” 150 hectáreas y 261,000 metros cuadrados pertenecientes, entre otros, al municipio de Bacalar.
El impulso al Tramo 6 trajo aparejado, además, un despliegue de militares inusitado en todo el municipio dada la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como coordinadora del proyecto en sustitución de Fonatur, hoy dirigido por un general.
Precisamente fue el Ejército Mexicano quien protagonizó en el Tramo 6 uno de los eventos más desafortunados de destrucción ambiental al devastar los humedales del Estero de Chac, sistema que conecta a la laguna de Bacalar con el río Hondo, con la pretensión no consumada de rellenar con material su canal principal para atravesar la vía del tren.
La laguna de Bacalar alberga el mayor arrecife bacteriano del planeta y su salud depende de flujos de agua provenientes de corrientes subterráneas, del río Hondo y el mar Caribe, y esa decisión es una enorme equivocación que traerá consecuencias graves para los frágiles ecosistemas que conforman esta región.
“Constituye además una amenaza para el bienestar y la seguridad de las poblaciones locales, que nunca fuimos consultadas y atenta contra nuestro derecho a un medio ambiente sano”, se indicó en una carta abierta firmada por más de 150 pobladores e integrantes de centros culturales, espacios comunitarios y académicos, y organizaciones no gubernamentales.
Esos actores señalaron que, en el tendido correspondiente a Bacalar-Chetumal, SEDENA abrió brechas de hasta 70 metros de ancho previa destrucción de miles de árboles, cuando al inicio del plan el titular del Poder Ejecutivo anunció que se podaría “uno solo”.
“Estamos constatando que la construcción de las vías para el tren no está tomando en cuenta el enorme valor de los humedales y ni ha dado la importancia debida a los procesos de conectividad entre ecosistemas acuáticos”, añadieron.
SEDENA y sus comandantes se excusaron de su intervención en el Estero de Chac alegando “error humano”, y a modo de alternativa propuso la construcción de un puente elevado sobre ese curso de agua.
Lo cierto es que aquellos pobladores y organizaciones que exponen los efectos negativos que provoca el proyecto ferroviario remarcan que los actores de gobierno que impulsan la iniciativa y el mismo Ejército Mexicano disponían de información precisa respecto de la relevancia del brazo hídrico.
Y que aún así efectuaron el relleno a propósito, como en los cenotes que constituyen ríos subterráneos que, en ninguna etapa de la obra, no se han respetado, y con la expectativa de que la acción pasará desapercibida ante la mayoría de los mexicanos, sobre la cual el gobierno ha pasado por encima.
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