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jueves, noviembre 21, 2024

ONG’s exigen intervención inmediata de las autoridades para frenar la violencia en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.— Unas 83 organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado urgente al Gobierno mexicano para que intervenga ante el “riesgo inminente” a la vida y la seguridad “de miles de familias” en la Sierra y Frontera de Chiapas; esto, debido a las disputas y enfrentamientos territoriales de grupos criminales.

Los grupos y colectivos defensores, que conforman el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, destacaron los municipios y ejidos más afectados e incomunicados por los bloqueos carreteros de grupos del crimen organizado; entre ellos, están Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, entre otros. 

La población de esos municipios, advirtieron en un pronunciamiento, se encuentra “en total desprotección y abandono” de las autoridades estatales y federales. Esa gente es obligada a participar en bloqueos; la utilizan “como barricadas humanas” ante el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Las organizaciones señalaron que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son novedosos; en mayo, agosto y septiembre de 2023 padecieron hechos semejantes. En aquellas fechas, enviaron al Ejército federal y la Guardia Nacional y replegaron a los agresores, pero al retirarse las fuerzas de seguridad volvieron los enfrentamientos, escaló la violencia y dejó a la población en riesgo.

Debido a que los grupos criminales siguen actuando, desde el pasado 18 de julio, varias regiones de Chiapas permanecen asediadas por grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos. “Nadie entra y nadie sale por orden de los grupos criminales”, apuntaron.

La atmósfera social se tensa más por las acciones armadas: enfrentamientos y balaceras en distintas zonas que representan ataques contra la población y ponen en riesgo la vida y la integridad. Además, se han registrado casos de reclutamiento forzado, confinamiento y restricciones a la movilidad, falta de acceso a la salud y la educación.

Además, las organizaciones precisaron que se debe garantizar que las personas afectadas por la guerra de los cárteles, que huyeron hacia el país vecino de Guatemala, puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de Chiapas.

“A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados”. 

“Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país”, indicaron en el documento.

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EM/dsc

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