ONG’s exigen intervención inmediata de las autoridades para frenar la violencia en Chiapas

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TUXTLA GUTIÉRREZ.— Unas 83 organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado urgente al Gobierno mexicano para que intervenga ante el “riesgo inminente” a la vida y la seguridad “de miles de familias” en la Sierra y Frontera de Chiapas; esto, debido a las disputas y enfrentamientos territoriales de grupos criminales.

Los grupos y colectivos defensores, que conforman el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, destacaron los municipios y ejidos más afectados e incomunicados por los bloqueos carreteros de grupos del crimen organizado; entre ellos, están Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, entre otros. 

La población de esos municipios, advirtieron en un pronunciamiento, se encuentra “en total desprotección y abandono” de las autoridades estatales y federales. Esa gente es obligada a participar en bloqueos; la utilizan “como barricadas humanas” ante el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Las organizaciones señalaron que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son novedosos; en mayo, agosto y septiembre de 2023 padecieron hechos semejantes. En aquellas fechas, enviaron al Ejército federal y la Guardia Nacional y replegaron a los agresores, pero al retirarse las fuerzas de seguridad volvieron los enfrentamientos, escaló la violencia y dejó a la población en riesgo.

Debido a que los grupos criminales siguen actuando, desde el pasado 18 de julio, varias regiones de Chiapas permanecen asediadas por grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos. “Nadie entra y nadie sale por orden de los grupos criminales”, apuntaron.

La atmósfera social se tensa más por las acciones armadas: enfrentamientos y balaceras en distintas zonas que representan ataques contra la población y ponen en riesgo la vida y la integridad. Además, se han registrado casos de reclutamiento forzado, confinamiento y restricciones a la movilidad, falta de acceso a la salud y la educación.

Además, las organizaciones precisaron que se debe garantizar que las personas afectadas por la guerra de los cárteles, que huyeron hacia el país vecino de Guatemala, puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de Chiapas.

“A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados”. 

“Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país”, indicaron en el documento.

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EM/dsc

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