MÉRIDA.— El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán se prepara para rematar bienes y tratar de cubrir sus principales compromisos, empezando por el pago de su nómina, pero se advierte que ni así le alcanzará. Además, se tiene que pagar este mes más de tres millones de pesos a dos consejeras y un consejero electorales que concluyen sus periodos.
En sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del Instituto Electoral de Yucatán aprobó este martes dos acuerdos, uno para adecuar su presupuesto anual, y otro para modificar el reglamento para la administración, destino final y bajas de los bienes de esta institución, en ambos casos con el fin de resolver los problemas económicos.
⇒ A decir de Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del IEPAC Yucatán, esto es a causa del recorte de 90 millones de pesos que le aplicaron a su presupuesto este año.
Bates Aguilar recordó que desde el inicio de año han solicitado al Poder Ejecutivo del Estado una ampliación a su presupuesto, porque los recursos que les aprobaron se destinaron casi en su totalidad al pago de los gastos de las elecciones, de los que todavía deben una parte al Instituto Nacional Electoral, y no hay para las extraordinarias de Chichimilá e Izamal.
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— IEPAC Yucatán (@IEPACYucatan) September 17, 2024
En un comunicado, el IEPAC confirmó que, para solventar compromisos, entre ellos las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Electoral, así como las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, el Consejo General aprobó una adecuación presupuestal consistente en transferencias entre partidas, por un monto total de tres millones 220 mil pesos.
En cuanto a las reformas al reglamento para la administración, destino final y baja de bienes del Instituto, se informó que estos fueron para alinear las disposiciones reglamentarias con los principios constitucionales y legales vigentes que rigen la administración pública y la gestión de bienes en la entidad. Los cambios fueron para determinar que en el caso de enajenación de bienes sea un valuador certificado el que determine el precio de sus propiedades.
Lo que no se dijo, pero si se aprobó entre las reformas, es que en su artículo 2, fracción IX, que se refiere a las disposiciones generales sobre sus bienes, que “…aquellos que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de las señaladas; y los que por necesidades institucionales sea necesaria o conveniente su baja”. Así, el Instituto Electoral podría vender algunos de sus bienes.
Se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo y remita copia del mismo a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno de Yucatán y a la Auditoría Superior estatal, para su conocimiento.
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EM/dsc
