Por Sara Lovera*
(saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) consideró que México no pudo acreditar avances en la vida de las mexicanas, en justicia, participación económica, participación política o eliminación de la discriminación.
Y es que no pudo probar lo hecho, con estadísticas y resultados, y no se puede saber si las mexicanas se han beneficiado con políticas adecuadas para que se elimine realmente la discriminación y la violencia feminicida.
Durante las dos primeras sesiones de interrogatorios del 17 de junio, cinco de las y los 23 expertos de la Cedaw expresaron su preocupación por falta de presupuesto, la militarización que afecta a comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes y por la atención a desapariciones y diálogo con las madres buscadoras.
Además, dijeron que existe debilidad en las instituciones encargadas de aplicar la Convención, lamentaron especialmente la debilidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Algunos integrantes del Comité expresaron que apenas poco más de 20 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados como tales, una de las observaciones reiteradas.
Mientras, representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sostuvieron que, en materia de violencia contra las mujeres, “nos quedó debiendo el Estado mexicano.”
En tanto, Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que está en Ginebra, dijo que el subregistro y la impunidad en los casos de feminicidio es grave y persistente.
Denunció que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres enfrenta un grave retroceso, tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Con ello no se garantiza la progresividad de los derechos humanos, ya que eliminar Conavim debilita la protección estatal, al fragmentar funciones, reducir la especialización institucional y generar incertidumbre normativa.
En cuanto al acceso a la justicia, sostuvo que persisten legislaciones discriminatorias contra las mujeres en 33 códigos penales que no están homologados. No se ha aprobado un código penal único. (Se anexa completa su intervención al final de la nota en este enlace).
Elgun Safarov, vicepresidente de ese comité y abogado originario de Azerbaiyán, fue contundente. Dijo que reconoce los esfuerzos, avances normativos y formales; sin embargo, persisten problemas estructurales serios, sobre todo en el ámbito de la representación política local. Pese a que las mujeres representan más del 50 por ciento de las candidaturas para ayuntamientos, siguen enfrentando barreras estructurales, estereotipos de género, sesgos partidistas y prácticas discriminatorias que les impiden acceder a cargos.
Se preguntó por qué no se han aplicado plenamente las medidas temporales especiales proporcionadas en la Recomendación General No. 25 para acelerar la igualdad sustantiva y reclamó cuotas u otras acciones afirmativas adoptadas por el Estado para garantizar una representación efectiva de mujeres, especialmente de aquellas en situaciones de mayor desventaja.
La cubana relatora Yamila González Ferrer recordó a la delegación mexicana, encabezada por la Secretaria de la Mujer, que el Estado mexicano ha sido señalado reiteradas veces por no contar con datos desagregados de las víctimas de feminicidio, desapariciones de niñas y mujeres y no responde a cuestionamientos en cuanto a los resultados de las medidas implementadas para combatir la violencia de género.
Fue ella quien dijo que las respuestas del Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que acreditaran resultados, es decir, en función de saber cómo han beneficiado a mujeres víctimas al tomar medidas contra los agresores.
Y reiteró: aunque la Constitución mexicana prohíbe toda forma de discriminación y reconoce el principio de igualdad, no incluye una definición de discriminación contra la mujer conforme a la Cedaw, no reconoce explícitamente la discriminación indirecta ni incorpora la interseccionalidad como principio constitucional.
En cuanto al marco normativo, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, dijo que hay una mayor preocupación sobre su exigibilidad judicial y expuso como ejemplo que Conapred está debilitado y “carece de poder sancionador”.
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La relatora Patsilí Toledo Vázquez, activista y experta en temas de feminicidio, violencia sexual y del sistema de justicia penal, cuestionó las acciones mexicanas frente al artículo 5° de la Convención, relativo a cambios en los patrones socioculturales de conducta, eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias con educación, comprensión adecuada de la maternidad como función social y responsabilidad común de hombres y mujeres.
Sobre las omisiones en México, habló de seis puntos preocupantes.
Uno: en torno a la definición del feminicidio, con una limitada legislación sobre la violencia digital y la criminalización de las mujeres lesbianas que cometen feminicidio.
El segundo: persistencia de estereotipos de género en contra de mujeres indígenas afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y defensoras de derechos humanos.
Tres: ineficacia e inaccesibilidad de refugios y servicios para mujeres con discapacidad, la reducción presupuestal para estos servicios y la falta de participación de la sociedad civil en reformas institucionales.
Lo grave es la debilidad en protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas y la falta de enfoque de género en la protección de defensoras y periodistas, quienes sufren ataques y criminalización. Además, la violencia sexual y militarización que afecta a comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes.
En cuarto lugar, señaló que sólo una pequeña parte de los delitos se judicializa y sanciona. Los protocolos de investigación no siempre se aplican y carecen de monitoreo independiente.
Falta enfoque interseccional y atención humanizada a víctimas y familiares, así como transparencia en la información sobre el estado de los casos y sentencias, especialmente a nivel local.
Mencionó la ausencia de una política integral de reparaciones para víctimas y familias, en particular para mujeres víctimas de tortura sexual y violencia.
Sexto: es necesario fortalecer la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal. “Muchos municipios carecen de recursos para implementar medidas” y, encima, falta información estadística desagregada sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBT+, personas con discapacidad, niñas desaparecidas y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, así como sanciones a funcionarios por acciones u omisiones.
Violet Eudine Barriteau, profesora de género y políticas públicas, además de directora de la Universidad de las Indias Occidentales y presidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE), pidió información concreta sobre medidas para mejorar la coordinación, monitoreo, evaluación y colaboración interinstitucional, incluyendo el rol de la Secretaría de las Mujeres.
Consideró urgente fortalecer el conocimiento público sobre el papel de esa Secretaría y que cuente con recursos.
Pidió evidencia sobre el impacto del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y les recordó a las mexicanas que hay algunos informes alternativos que denuncian la falta de resultados de esta Secretaría, pese a que fue elevada a nivel ministerial.
Durante las primeras dos sesiones de examen en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana que compareció ante la Cedaw estuvo integrada por Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres; Francisca Méndez Escobar, embajadora y representante permanente de México ante la ONU; Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la secretaría Relaciones Exteriores; Jannet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas; y Martha Lucía Micher, senadora federal morenista y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
Mientras, en redes sociales se escribe que el Estado mexicano, en esta primera ronda, fue reprobado. Eso, dijeron, da vergüenza, por ser un país donde todos los días asesinan a más de 10 mujeres, donde todos los años tenemos que luchar y defender el presupuesto para los refugios, donde la impunidad impera, donde la justicia y la garantía de derechos humanos solo está en el discurso, lo cual fue evidenciado por la relatora Yamila González Ferrer.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) está formado por 23 personas expertas independientes que supervisan la aplicación de la Convención y se dedicarán a hacer cuestionamientos puntuales al Estado mexicano ante el informe recibido en septiembre de 2024.
La delegación mexicana seguirá contestando 209 recomendaciones que el Comité ha hecho desde 1998; un número que pesa por las omisiones e incumplimientos, según comparte Gloria Hernández, presidenta de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM).
En las respuestas a las interrogantes, con participación de la mayoría de la delegación, se dijo entre otras cosas que sí, que se enfrentan dificultades relacionadas con la falta de recursos técnicos, humanos y financieros.
La secretaria de las mujeres señaló que los avances en la representación política de las mujeres en México, especialmente a nivel federal, donde el poder legislativo es paritario desde hace tres legislaturas, hacen del país una vanguardia. Sus compañeras respondieron, principalmente, señalando los cambios legislativos y la reforma Constitucional que incluyó en el artículo 4º. Constitucional la igualdad sustantiva. Varias entidades han logrado mayor representación femenina gracias a la paridad.
La misión mexicana informó que durante el periodo evaluado se han implementado102 programas de capacitación en el Poder Judicial y que ONU Mujeres les dio un curso sobre perspectiva de género, el cual se ha convertido en el primer curso vinculante a nivel federal.
Este programa ha alcanzado a 59 por ciento del personal judicial y se considera clave para transformar las prácticas dentro del sistema de justicia. Se han elaborado también protocolos, manuales, cuadernos y cursos especializados para distintos tipos de violencia y grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de traducir las normas en herramientas concretas de actuación.
*Con información de Cátedra Unesco, El Sol de México y la Red Nacional de Refugios, presentes en el examen.
AM.MX/fm
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