Mouris Salloum George*
México pasó relativamente ileso por la Operación Cóndor.
La Cóndor (1970-1980) fue diseño de Kissinger durante la gestión de Richard M. Nixon.
Se trató de un pacto de Washington con los militares golpistas del Cono Sur. Sus objetivos fueron concretamente Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
La segunda edición de la Cóndor se da ahora con Trump. El estado piloto es Bolivia. Analistas sudamericanos caracterizan la acción contra el gobierno de Evo Morales como una expresión racista de la ultraderecha blanca contra el líder indígena, como lo fue la implantación del apartheid en África y contra su combatiente Nelson Mandela.
Los mismos analistas acusan que la mano que mueve la cuna está en Washington y Londres, y el oscuro objeto del deseo son los recursos naturales del subcontinente, principalmente los mineros.
Ahora, sin embargo, se observa la concurrencia del FMI y de la OEA, que utilizó como coartada injerencista las elecciones presidenciales de octubre.
Esta vez, sin embargo, México está colocado en el ojo del huracán por su solidaridad con el presidente derrocado y la protección consular a algunos de los miembros de su gobierno.
La golpista boliviana, Jeanine Áñez, ha puesto bajo sitio el territorio de la Embajada de México, exigiendo la entrega de al menos cuatro de los nueve funcionarios de Morales sobre los que pesa orden de aprehensión. A todos se les ha negado salvoconducto.
Siguiendo las formas diplomáticas, el gobierno mexicano ha acudido a la Corte Internacional de Justicia de la ONU e invocado la Convención de Viena.
En lo que el tribunal resuelve lo conducente, no olvidar que México está en la mira por su riqueza minera y específicamente por el litio: 2020 no será un año para tejer y cantar.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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