Rajak B. Kadjieff / Moscú, Rusia
*Fue el mejor calificativo para el liberalismo del gobierno.
*No había más recetas, sino las impuestas por tres tecnócratas.
*Para Occidente y elG-7, no eran suficientes las reformas.
*Convivencia necesaria con la nomenklatura burocrática.
El miembro de una troika omnipotente y uno de los conductores de la política económica de la nueva Rusia, Yégor Gaidar, con la anuencia de Borís Yeltsin, advirtió que no cabía otra disyuntiva que sus recetas o el colapso y reclamó más tiempo para notar sus efectos positivos en la macroeconomía.
Sin embargo, para el G-7 y muchos observadores extranjeros el Ejecutivo ruso no estaba llevando con suficiente rigor las reformas, y sobre todo alertaron contra el vacío normativo, la ausencia de códigos y regulaciones que favorecía los maridajes político-financieros y los negocios turbios, y, en definitiva, un modelo de capitalismo que mereció el calificativo de “salvaje”.
Todavía más, esta liberalización desordenada convivía necesariamente con la antigua nomenklatura burocrática, que, lejos de ser desplazada por tecnócratas de nuevo cuño hechos a los procedimientos occidentales, fue recuperada por el propio Yeltsin (sobre todo la del complejo militar-industrial).
Era para restablecer los antiguos sistemas administrativos de gestión, incompatibles con un Estado moderno y eficiente a largo plazo; pero hallados necesarios en un momento de desarticulación y desconcierto generales.
Así, las nuevas élites para las que la libertad de mercado era sinónimo de enriquecimiento sin control y depredación convivieron con las antiguas clases ansiosas de reciclarse al nuevo orden de cosas y no verse relegadas de las nuevas oportunidades, dando lugar a extrañas hibridaciones.
Pesaba también la historia: una tradición multisecular de inexperiencia democrática, de cadenas verticales de mando, de arbitrariedad en la toma de decisiones por el poder y de primacía de lo unilateral y exclusivo sobre las fórmulas de consenso e integración normales en las sociedades civiles consolidadas.
Los conceptos de democracia y descentralización tuvieron lecturas egoístas y autárquicas en las provincias, acentuando la segmentación regional de la economía y haciendo imposible una política macroeconómica global. En resumidas cuentas: se configuró en Rusia un panorama de reformas plagado de inconsistencias y contradicciones, de flujos y reflujos, que hacía muy difícil hacer un pronóstico sobre su evolución.
La unificación de los tipos de cambio comenzada el 1 de julio de 1992 desató un brutal proceso inflacionario y agravó las pesadumbres de la población, en tanto la calle la extrema izquierda se organizó en un Frente de Salvación Nacional (FSN) que exigió abiertamente el derribo del “traidor” Yeltsin.
Se le acusaba abiertamente y sin atenuantes por haber apuntillado a la Unión Soviética, mientras que en el CDPR se caldearon las actitudes contrarias a los tres funcionarios estrellas del gobierno reformista.
Yeltsin insistió en que el presidente no debía inmiscuirse en las luchas partidistas y renunció a fundar un partido propresidencial fuerte; pero también había declinado convocar elecciones a una asamblea constituyente cuando los diputados le eran mayoritariamente afectos, en los meses posteriores al golpe de 1991.
Fue un error que mucho se le iba a atribuir después, sobre todo en el extranjero, y ahora no tenía otro remedio que lidiar con un órgano semidemocrático, elegido con los instrumentos de un Estado que ya no existía y crecientemente hostil a las transformaciones económicas radicales.
El foso que se abrió entre los bandos políticos reparaba cada vez más en el elenco de poderes heredado del período soviético, que cada institución deseaba ampliar para sí y escamotear a la rival.
El presidente poseía la iniciativa legislativa y la capacidad de designar a los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Seguridad de conformidad con el Parlamento, aunque no tenía derecho a disolver el poder legislativo, bien fuera el Soviet Supremo; pero sí declarar el estado de emergencia.
Yeltsin estaba investido de poderes especiales para gobernar por decreto, y oficialmente el máximo órgano del poder, eran amplias: la adopción y enmienda de la Constitución, la determinación de las políticas internas y externas, la ratificación de acuerdos internacionales con implicaciones constitucionales.
Así como la elección del Soviet Supremo y del Tribunal Constitucional, la dirección de la moción de censura al presidente y la suspensión de las leyes del Soviet Supremo y de los decretos del presidente.
Recapitulando, Borís Yeltsin heredó unos poderes en estado de corto circuito, en un inicio de gobierno sin salidas a pronto, mediano ni largo plazos.
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