Federico Berrueto
Siempre ha habido extorsión. La mordida es una de sus expresiones y tiene que ver con una forma de acuerdo entre partes desiguales, entre una autoridad y un gobernado quien a cambio de condescendencia paga una multa que no se registra en los ingresos formales, sino en el bolsillo del extorsionador. En este caso hay complicidad y no son pocos los casos en los que el gobernado prefiere pagar la multa que ser objeto de sanción formal. También resulta ser el caso de funcionarios sujetos a cuota por sus superiores, es decir, el beneficio ilegal se reporta y se reparte; la extorsión institucionalizada.
La extorsión institucionalizada o institucional tiene su lógica. El beneficiario superior no se expone, no tiene que ir con el particular a exigirle o intimidarle para que entregue el recurso o la contraprestación; ese trabajo corresponde al funcionario menor, quien corre el riesgo de ser señalado o denunciado, mientras que los superiores habrán de protegerle, pero nunca poniendo al descubierto la cadena de complicidad.
Desde tiempos inmemorables se han hecho grandes fortunas de administradores, jefes y directivos en las áreas de gobierno que tienen que ver con la aplicación de la ley o reglamento, asignación de contratos o supervisión discrecional. Las aduanas, las policías, los ministerios públicos, los supervisores de campo y muchas otras actividades se asocian a un jefe que se enriquece desproporcionadamente. En el peor de los casos sancionan a la tropa, no a los niveles superiores. Venalidad de antes que se ha incrementado de manera considerable con el aumento de la opacidad, discrecionalidad y el financiamiento político. “No es para mí, es para el movimiento”, se dice ahora.
Hay una nueva forma de extorsión que corre a cuenta de los delincuentes y empieza con la venta de protección y acaba con la amenaza que en no pocas veces es cumplida, se daña al negocio, se asesinan empleados y acaba con el secuestro, tortura y homicidio del propietario. No es reciente, pero ha crecido de manera exponencial; las autoridades hablan de que en los últimos años aumentó poco más de 20%. No es creíble y hay que partir de una realidad, a diferencia de los homicidios, los actos de extorsión casi nunca se denuncian por que las autoridades no son confiables, expone al inconforme y lo deja en estado de indefensión ante la furia criminal.
Viene a la memoria un caso en Torreón, Coahuila, cuando el grupo Los Zetas asolaron a la región lagunera hace quince años. Caso de Luis G, un empresario conocido por su alegre y festiva personalidad, a pesar de su discapacidad por la polio, quien en su negocio fue objeto de extorsión por criminales, generalizada en esa época; con el propósito de librarse del peligroso flagelo denunció a los criminales ante los militares de la región. Pocos días después sería asesinado después de ser atrozmente torturado, le cercenaron los dedos y el índice se le dejó en la boca, a manera de decir, quien denuncie ya sabe qué le espera.
El gobierno nacional ha identificado la gravedad del problema que en muchas zonas del país amenaza con ser el negocio principal de los grupos criminales. Está presente en Uruapan, en muchas partes de Michoacán y en otras partes del país. A quien denuncia lo asesinan; así sucedió con el líder limonero Bernardo Bravo, ultimado el pasado mes de octubre. Las autoridades actuaron y detuvieron al presunto autor intelectual, pero la actividad de extorsión prosiguió y fue parte de la denuncia desesperada a las autoridades federales por parte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Las autoridades locales presuntamente coludidas y las federales indiferentes o con una presencia meramente testimonial. Su homicidio era de esperarse y ahora su lucha es causa nacional que el régimen dice, a manera de desacreditarla que es una campaña de la derecha.
Acabar con la extorsión requiere de una estrategia en todos los frentes. El despliegue de militares, como han hecho el presidente Calderón y la presidenta Sheinbaum, es un aspecto visible que puede atenuar por un tiempo la actividad delictiva, pero resulta insuficiente porque la extorsión es una industria en el sentido de que involucra financiamiento, personal capacitado, lavado de dinero, armamento y connivencia con autoridades.
Atacar la extorsión es una exigencia inmediata. Remitirse a las causas sociales profundas como la pobreza, educación y desintegración social y familiar no ofrece resultados inmediatos; son objetivos que demandan tiempo y persistencia. Urge acabar con la impunidad; se requieren policías preventivos y de investigación eficaces y confiables, inteligencia criminal, asimismo, justicia para que los responsables en toda la cadena delictiva sean sancionados; necesariamente debe incluir a las autoridades coludidas, sin importar jerarquía o influencia.
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