Lilia Arellano
“Las muchas promesas disminuyen
la confianza”: Quinto Horacio Flaco.
⦁ Ante inseguridad, promesas, ocurrencias, decretos y reformas
⦁ Gertz Manero y Scherer proponen cambios al sistema judicial
⦁ HRW: México ofrece espectáculo dantesco con desapariciones
⦁ IMSS: al cierre de 2019 se perdieron 382,210 puestos laborales
Se siguió puntualmente un calendario. El lunes, junta para tocar temas de seguridad con algunos gobernadores. El martes, reunión con todos y comida monárquica en plena austeridad republicana en la cual no se contempla el gasto provocado por tantos viajes de los mandatarios estatales a la capital y el mencionado, sólo para degustar pejelagarto y no tener agenda alguna de temas a tratar, como si todo estuviese como miel sobre hojuelas. Antes, reunión de la Conago para seguir tratando de encontrarle la cuadratura al círculo de la violencia desatada. Miércoles, presentación de una iniciativa de reformas al poder judicial, algunas de ellas efectivamente necesarias, otras caen en el terreno de la demagogia como es el caso del trabajo penitenciario o el decreto para, de la noche a la mañana contar con investigadores. La intentona de un Estado policiaco… está.
Otra reforma constitucional al sistema de administración y procuración de justicia propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la incontrolable inseguridad pública resentida en todo el país, además de la promesa de que en este año habrá resultados de la aplicación de su nueva estrategia de seguridad. En lugar de definir mecanismos para pacificar el país y desmilitarizar el combate a la criminalidad, así como poner fin a la impunidad, como lo prometió en campaña, el actual gobierno federal hace la arriesgada apuesta de cambiar, una vez más, las reglas del juego judicial, con la pretensión de que ahora si el ganador será el ciudadano común. Así se van cerrando las expectativas de reducir los índices criminales, particularmente las ejecuciones y las desapariciones forzadas, las cuales lamentablemente son ya vistas como normales en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Muchas asignaturas pendientes se le acumulan al nuevo gobierno federal. A la inseguridad pública en todo el país, se la añade una fallida aplicación y administración de justicia, resentida prácticamente durante todo el sexenio anterior, y en vez de hacer prevalecer el Estado de Derecho, cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, no se les ocurre otra cosa, como en sexenios anteriores, que modificar el marco legal vigente, proceso iniciado desde el año pasado. Así, en el Senado, Julio Scherer, consejero jurídico de Presidencia, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, presentaron un paquete de iniciativas para reformar el sistema de impartición de justicia penal, con lo cual pretenden cambiar radicalmente el modelo aprobado en el régimen de Felipe Calderón y el cual no pudo consolidarse con Enrique Peña Nieto. El actual marco legal penal está vigente desde 2016 y ahora se pretende anularlo sin haberse alcanzado su consolidación.
Tras recibir el paquete de nueve iniciativas de reforma constitucional y las leyes de nueva creación en materia de impartición de justicia, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, apuntó ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se inicia el proceso formal legislativo para responder en materia de procuración de justicia al reclamo de inseguridad de una sociedad indignada porque por más de 10 años ha sufrido ese flagelo. Frente a los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró se tiene la convicción de que la paz y la tranquilidad que anhela el pueblo mexicano debe ser fruto de la justicia duradera que México reclama, la cual sólo se puede construir con grandes acuerdos políticos que se traduzcan en leyes e instituciones más efectivas.
Las reformas constitucionales planteadas por Scherer y Gertz Manero son a los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122, por lo cual requerirán de una mayoría calificada o la aprobación de tres cuartas partes de los integrantes del Congreso de la Unión para su aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados. Contemplan la creación de una Sala Penal en la Suprema Corte de Justicia la Nación para revisar la actuación de jueces y magistrados federales, la unificación de los códigos penales estatales en un Código Penal Nacional, la promulgación de una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal y reformas a las Leyes Orgánicas de la FGR y del propio Poder Judicial de la Federación (PJF), así como la permanencia del arraigo como medida cautelar hasta por 40 días.
Pretenden facultar el Senado para “vigilar y supervisar el trabajo que realicen los juzgados y tribunales especializados”; proponen la desaparición de los jueces de control en cuanto a las “solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación”, y la adición de la ampliación del plazo constitucional para declarar la legalidad de la detención por actos de corrupción, es decir, que se pueda declarar la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas, así como la eliminación de las audiencias iniciales, además de que el mismo juez que conozca de la investigación sea quien dicte sentencia; asimismo, vuelve obligatorio el trabajo penitenciario “como un requisito para el otorgamiento de las figuras de preliberación y reducción de penas”.
Se plantea una ley nacional de cultura y justicia cívica. También se contemplan las intervenciones telefónicas o electrónicas con autorización judicial para investigaciones relacionadas con delitos fiscales y electorales. Permanece la prohibición absoluta para que se recurra a las intervenciones de comunicaciones en litigios administrativos, civiles o familiares. Asimismo, se otorga a las víctimas y ofendidos la posibilidad de solicitar a los jueces que se realicen órdenes de cateo.
Respecto a este último punto, en las modificaciones constitucionales se incluye que el trabajo comunitario sea de “carácter obligatorio”. Destacan: “la autoridad administrativa será competente para aplicar las sanciones por infracciones en materia de justicia cívica y de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales únicamente consistirán en la reparación del daño, amonestación, trabajo a favor de la comunidad, multa o arresto hasta por 36 horas. En cuanto a las reformas al artículo 16, se propone: “en los casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y policía realicen la retención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto”, y en el caso de la medida cautelar de arraigo aplicará “para todos los delitos”. El plazo de 40 a 80 días de arraigo solamente se ampliará en investigaciones de delincuencia organizada, “delitos por hechos de corrupción o aquellos delitos que por sus características o circunstancias de ejecución o relevancia social impliquen una cantidad significativa de actos de investigación”.
Según la FGR, Gertz Manero respalda la creación de un Código Penal Nacional único, además de un Plan de Persecución Penal y una nueva Ley de Justicia Cívica que sea aplicable para todo el país, la cual contempla reformas a la Constitución para que los trabajos comunitarios que se impongan a las personas ya no puedan ser impugnado s mediante juicios de amparo. La reforma judicial también contempla modificar la fracción IX del artículo 20 constitucional que desecha cualquier tipo de prueba obtenida de manera ilegal o violando derechos consagrados en las leyes mexicanas. La modificación permitiría, por ejemplo, el uso de intervenciones de comunicación ilegales con el fin de evitar la nulidad de la prueba y evitar así “la impunidad automática de quien posiblemente infringe la ley”.
Una reforma relevante es la modificación de la Ley de Amparo vigente para restringir este medio de defensa en casos de extradición, con el propósito de evitar que las extradiciones de capos relevantes se aplacen o se alarguen como sucedió en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Con el fin de que no se abuse de la suspensión del acto reclamado, en caso de extradición, se establece que la suspensión no se conceda de oficio y de plano”.
DESAPARECIDOS EN MÉXICO: PANORAMA DANTESCO: HRW
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch (HRW), advierte: México ofrece al mundo un espectáculo dantesco en materia de desaparición de personas, mientras el gobierno federal mantiene la pasividad para tratar de identificar a los perpetradores, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue ofreciendo promesas y afirma que este año su administración dará resultados. De las más de 61 mil personas desaparecidas registradas oficialmente desde los sesentas, más de 60 mil han ocurrido a partir de la “guerra contra el narcotráfico” detonada por Felipe Calderón, destacó Vivanco quien propuso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, crear un grupo de jueces dedicados a atender casos de desaparición de personas y que trabajen en conjunto con fiscales especializados.
El director ejecutivo de HRW manifestó su preocupación porque en 2019, primer año de gobierno de AMLO, se registraron 5 mil 184 personas desaparecidas. “Esta cifra es realmente preocupante, porque demuestra que no hay mejorías, que hay retrocesos, y que se siguen dando las mismas prácticas. El especialista cuestionó la procuración de justicia: “lo que realmente resulta incomprensible es que el gobierno federal actual esté comprometido con la identificación de estos casos, pero parece no estar interesado en resolver una pregunta básica: ¿quiénes son los autores de este espectáculo dantesco?”.
Las desapariciones, planteó Vivanco, son cometidas por grupos criminales, pero también por policías municipales, estatales y federales, así como por el Ejército y la Marina, en ocasiones coludidos con los delincuentes. Para HRW en el país no hay evidencias de progresos en materia de derechos humanos: “el problema que presenta México en materia de derechos humanos es una debacle, aquí hay crímenes de lesa humanidad, lo que duele es la pasividad, normalidad con la que las autoridades toman esta debacle”. Ante los agudos y complejos problemas de inseguridad en el país, el titular del Ejecutivo Federal sigue otorgando promesas solamente. Ante cuestionamientos de reporteros, aseguró que su gobierno dará resultados en esta materia este 2020. “El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a ver resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado”, aseguró el mandatario en su mañanera conferencia de prensa.
AMLO afirmó ya no gobierna la delincuencia en México y sostuvo su gobierno logró detener la tendencia al alza en incidencia delictiva, claro, según sus datos. Admitió la inseguridad es “una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver”, porque enfrentamos “una profunda descomposición, no sólo estamos hablando de una crisis, una decadencia, una degradación progresiva”.
DE LOS PASILLOS
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, encabezaron la presentación del cuarto borrador del Plan de Desarrollo Integral para Guatemala, El Salvador, Honduras y el sur-sureste de México, elaborado por la CEPAL, a cargo de Alicia Barcena. El plan contempla inversiones de alrededor de 25 mil millones de dólares en infraestructura y programas diversos que promuevan el arraigo de las personas a sus comunidades, destacó Ebrard, quien subrayó: “este plan no plantea que vengan inversiones de fuera solamente, sino esencialmente cómo vamos a coordinar nuestros esfuerzos”…¿Y los 83 mil mexicanos enviados por EU a ese país… qué?…
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), admitió que 14,553 empresas cancelaron su nómina completa en el mes de diciembre de 2019, lo cual llevó a la pérdida de 382,210 puestos de trabajo al cierre del año pasado. Dichas empresas son del orden que van del grupo de 101 empleados hasta 500 empleados; “considerando el salario base de cotización, una empresa de 100 empleados, más o menos debe tener una nómina como de un millón de pesos, o sea, no son pequeñas empresas”, indicó sin tomar en cuenta a los 50 mil desempleados en breve ante la cancelación de las bolsas de plástico…
La calificadora Fitch Ratings advirtió: el bajo crecimiento de México es el mayor riesgo para su estabilidad crediticia en 2020. La expectativa de crecimiento del país es de 1 por ciento, inferior al 2 por ciento que prevé la Secretaría de Hacienda, lo que debilitaría la proporción del PIB entre la deuda. “En el caso de México, si bien la deuda se ha estabilizado, se espera un debilitamiento a mediano plazo por el bajo crecimiento económico”, destacó Shelly Shetty, analista soberano para América de Fitch.
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