Aletia Molina
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió de forma definitiva más de 63 mil averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos, luego de que dejó pasar el tiempo sin realizar al menos un acto de investigación que permitiera que los delitos no prescribieran. Son casos que simplemente van a quedarse impunes.
Eso se lee en el Informe Anual de Actividades que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero envió al Congreso, en el que de pasada aprovechó para reclamar un recorte presupuestal “inexplicable” a la fiscalía para 2020, insiste en la necesidad de reformar el sistema de justicia penal actual que consideró como “ineficiente, complejo y corrupto”.
En el documento Gertz detalla que en la revisión de aproximadamente 300 mil averiguaciones y carpetas rezagadas que heredó la PGR a la FGR, se detectaron 63 mil 60 asuntos en donde ya se encuentra prescrito el periodo para proceder penalmente en contra de alguien.
Llaman periodo de prescripción al lapso que tiene la autoridad para proceder en contra de una persona por su probable responsabilidad en algún delito y su duración depende de cada ilícito. Se calcula sumando la pena máxima y la mínima que alcanza ese ilícito y dividiéndolo entre dos… ¡Genios!
El artículo 110 del Código Penal Federal establece que dicho periodo se ve interrumpido cuando se realiza un acto de investigación al menos, y comienza a correr después de que se concluye dicho acto. Significa que los casos reportados por la FGR son averiguaciones en donde no se realizó acto alguno de investigación. Ello se debe, como dice el fiscal, a que fueron casos enviados al archivo sin ser cerrados, pero tampoco resueltos. Y, no es broma: por ley, ya no es posible proceder contra alguien en esos casos.
El informe detalla que existen otras 66 mil 107 averiguaciones y carpetas que han sido colocadas con una denominación de “pasivo”, ya que momentáneamente no existen pistas o indicios que puedan seguirse o porque no se ha podido localizar a los probables responsables, pero tampoco pueden cerrarse.
El informe del fiscal advierte que la FGR opera con menos recursos económicos de los que necesita y que son claves para su esquema.
Todo ello, indica una falta de congruencia administrativa que supuestamente se repitió en 2019 a pesar de que los transitorios de la ley Orgánica de Fiscalía General de la República indicaron que, a partir de 2019, se contemplaría la asignación de recursos para la instalación de la Fiscalía y su planeación estratégica de transición, algo que no ocurrió.
El balance es negativo por la gravedad de la situación, sin embargo, no hay nada qué hacer y así, en medio de una crisis de seguridad pública y de derechos humanos… ¡Que viva la impunidad!
Aletia Molina
@AletiaMolina
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