CHOCHOLÁ.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola ubicada a menos de dos kilómetros del poblado de Chocholá, en Yucatán, luego de que los responsables del establecimiento se negaran a permitir una inspección por parte de autoridades federales.
A través de un comunicado, pobladores informaron que se trata de la granja porcícola Gary, un complejo agroindustrial que alberga más de 12 mil cerdos y que durante años ha sido señalado por presuntos impactos ambientales que afectan la calidad del aire y del agua en la zona.
⇒ La intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ocurrió tras sospechas de que el establecimiento podría estar generando contaminación ambiental.
De acuerdo con la comunidad organizada, los responsables de la granja porcícola rechazaron la inspección federal, lo que derivó en la colocación de sellos de clausura. Las autoridades buscaban verificar si las operaciones del complejo cumplían con las normas ambientales vigentes y determinar si existían afectaciones al entorno.

En los últimos meses, habitantes de Chocholá realizaron análisis de laboratorio al agua subterránea de la zona, cuyos resultados detectaron altas concentraciones de bacterias coliformes. Estos microorganismos suelen estar asociados con contaminación fecal y pueden provocar diversas enfermedades.
Según los resultados presentados por la comunidad, parte de esta contaminación podría tener origen porcino, lo que ha incrementado la preocupación entre los pobladores por posibles afectaciones al acuífero que abastece de agua a la región. Ante estos hallazgos, los habitantes solicitaron la intervención de diversas autoridades ambientales.
⇒ Los pobladores pidieron que se realicen controles ambientales más estrictos y que, en caso de comprobarse afectaciones al medio ambiente, se obligue a la granja a detener la contaminación o incluso cerrar operaciones.
A su vez, ciudadanos recordaron el caso recuerda lo ocurrido con la granja porcícola San Gerardo, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, en el municipio de Mérida, la cual fue clausurada anteriormente tras denuncias similares por presuntos impactos ambientales.
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