TUXTLA GUTIÉRREZ.— Indígenas tsotsiles y autoridades tradicionales de diversas comunidades del municipio de Huixtán, en la región Altos de Chiapas, denunciaron la tala ilegal de más de 200 hectáreas de bosque; por lo que exigieron que se garantice la protección de las comunidades amenazadas, así como la preservación de los recursos naturales.
En un escrito, los pobladores de Huixtán alzaron la voz ante un grave ecocidio que, señalaron, se ha cometido desde 2022 y que se ha agravado en el último año. Responsabilizaron directamente a la llamada Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP), cuyos integrantes han provocado la devastación de más de 200 hectáreas de bosque, atentando contra la vida, el equilibrio ambiental y el patrimonio natural de la comunidad.
“Nuestra denuncia tiene como objetivo detener de manera urgente este ecocidio y evitar que continúe la destrucción de la flora, la fauna y los recursos naturales. A pesar de que se ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, hasta el momento no se ha realizado ninguna acción efectiva contra los destructores del medio ambiente.
“Los taladores han realizado amenazas contra habitantes, intimidando a quienes intentan alzar la voz, argumentando que cuentan con el respaldo de otras organizaciones. Hay un grupo de zapatistas de la comunidad Emiliano Zapata que sí cuidan y han evitado la destrucción del medio ambiente en otras zonas, pero alrededor de esta localidad es donde se concentra la devastación”, denunciaron.
Los pobladores de Huixtán reconocieron que gracias a la preservación de los bosques, las comunidades tienen agua. Sin embargo, afirmaron: “A pesar de que se ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, hasta el momento no se ha tomado ninguna acción efectiva”.
Los hombres armados amenazan a los tsotsiles, pero también intimidan a los que intentan alzar la voz, para denunciar ante las autoridades, pues aseguran que ellos tienen el respaldo de grupos criminales, de autoridades de la Fiscalía de Justicia Indígena y del alcalde de Huixtán, Romeo Damián Huet.
Ante ello, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez, así como al fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, “que intervengan de manera urgente y que se aplique la ley”. Además, responsabilizaron a los integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo por cualquier agresión o represalia que pudieran sufrir.
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