CIUDAD DE MÉXICO.— En una decisión de trascendencia jurídica y ambiental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de ocho votos atraer el amparo en revisión 790/2025. El recurso, promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, plantea de forma inédita que las abejas sean reconocidas legalmente como sujetos de derechos.
Defensa del patrimonio biocultural
La propuesta de atracción, impulsada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Irving Espinosa Betanzo, busca analizar la relación ancestral de los pueblos indígenas con las abejas meliponas. Debido al uso extensivo de plaguicidas y fumigaciones aéreas que provocan la muerte masiva de estos polinizadores, las comunidades buscan la personalidad jurídica de la especie para que sus cuidadores puedan acudir a los tribunales a representarlas y exigir acciones de protección del Estado.
El ministro Arístides Guerrero señaló que el caso permitirá interpretar los artículos segundo y cuarto constitucionales para fijar un criterio protector hacia la apicultura tradicional, y evaluar la actualización de regulaciones como la NOM 052. Por su parte, el ministro Espinosa Betanzo destacó que este juicio abre la puerta para transitar de una visión jurídica tradicionalmente antropocéntrica hacia una doctrina ecocéntrica, donde las comunidades indígenas actúen formalmente como “guardianas de la naturaleza”.
🐝🇲🇽 ¿Por qué la Corte mexicana estudiará si las abejas son sujetos de derechos?
📑 Como parte de la revisión de un amparo promovido por las comunidades mayas del municipio Hopelchén, Campeche (sureste de México), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si… pic.twitter.com/xGRbRpgwY4
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 10, 2026
Protección del acuífero y freno a megagranjas
Durante la misma sesión, el Pleno de la SCJN también acordó atraer dos recursos adicionales interpuestos por el pueblo maya de Homún, Yucatán, enfocados en la defensa de su territorio frente a la expansión de la industria ganadera.
El primero de ellos (amparo en revisión 138/2025), promovido por el colectivo ‘Guardianes de los Cenotes’, solicita el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, proponiendo la custodia indígena como un mecanismo efectivo para blindar el acuífero de la contaminación y hacer valer sus derechos bioculturales.
El otro asunto (amparo en revisión 195/2025) corresponde a un litigio histórico iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes de la región. El Alto Tribunal analizará si los permisos otorgados a la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) dentro del ecosistema protegido por la Convención Ramsar vulneran de forma directa los derechos a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a la identidad cultural de la comunidad.
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EM/dsc
