México renueva su marco ambiental con enfoque en justicia social y economía circular

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CIUDAD DE MÉXICO.— Tras casi cuatro décadas de vigencia del marco ecológico de 1988, el Gobierno de México presentó una iniciativa integral para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La propuesta, encabezada por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, busca replantear el vínculo entre el desarrollo económico y los ecosistemas, colocando la justicia ambiental y el bienestar social en el centro de la política pública.

En La Mañanera del Pueblo de este miércoles, la funcionaria resaltó que la nueva ley busca responder a los desafíos ecológicos actuales mediante herramientas novedosas que combinan avances científicos, tecnologías e innovación con los saberes ancestrales. Además, ofrece mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones, fortaleciendo los procesos de prevención y restauración ambiental a través de la participación ciudadana activa.

Un modelo centrado en la prevención y las personas

La reforma plantea sustituir el enfoque tradicional centrado en la sanción por uno que priorice la prevención, la restauración y la remediación efectiva de daños. A diferencia de las políticas previas, la iniciativa integra de manera activa a comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones sobre el territorio, combinando el desarrollo científico y la innovación tecnológica con los saberes ancestrales.

⇒ Asimismo, la normativa incorpora los principios del Acuerdo de Escazú para asegurar el libre acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, además de incluir un capítulo específico para salvaguardar a las personas defensoras de la naturaleza.

Evaluación integral contra la fragmentación de megaproyectos

Con el fin de otorgar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a la inversión responsable, la ley introduce la Evaluación Ambiental Estratégica. Esta herramienta obligará a revisar los proyectos de gran escala desde una perspectiva regional y acumulativa, impidiendo que las obras se fragmenten administrativamente para eludir el análisis integral de su impacto ecológico. Adicionalmente, se establecerá un ordenamiento claro en zonas de competencia compartida, como la franja marítimo-terrestre.

Economía circular y combate a la contaminación

El proyecto legislativo impulsa una transición formal desde una economía extractiva y de desecho hacia un esquema de aprovechamiento y economía circular. Como parte de este eje complementario, se regulará con mayor rigor la responsabilidad extendida del productor, con énfasis en la reducción y sustitución de plásticos de un solo uso y microplásticos.

La iniciativa, que será remitida al Congreso de la Unión para su discusión, contempla también herramientas alineadas con el Plan Nacional de Adaptación frente al cambio climático y refuerza la protección de ecosistemas estratégicos —como manglares, costas y ríos— y especies en riesgo como el lobo mexicano y la ballena azul.

⇒ Alicia Bárcena sostuvo que la nueva ley es resultado de “una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza y sobre todo una relación que se basa en la justicia ambiental”.

La nueva ley se fundamenta en diez principios, entre ellos que el patrimonio natural es “el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar”; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; y que se prioriza la prevención de daños ambientales por encima de la reparación, sin descartar esta última. La legislación vigente no contemplaba los conceptos de restauración, reparación ni remediación, que ahora se incorporan.

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EM/dsc

 

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