Chiapas reporta baja histórica en homicidios y el retorno del 95% de familias desplazadas

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TUXTLA GUTIÉRREZ.— Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde la sede de la VII Región Militar en la capital chiapaneca, el gobernador Eduardo Ramírez y el Gabinete de Seguridad federal reportaron avances clave en la pacificación de Chiapas, destacando una reducción del 64 por ciento en el promedio de homicidios dolosos y el retorno de cerca del 95 por ciento de la población desplazada por la violencia.

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Caída histórica en delitos de alto impacto

De acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Chiapas alcanzó su nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2015. El promedio diario de víctimas pasó de 2.5 en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026.

⇒ Asimismo, los delitos de alto impacto registraron un descenso general del 44 por ciento en comparación con noviembre de 2024, destacando una caída del 68 por ciento en el delito de robo de vehículo.

En el plano federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se logró la captura de 9 mil 949 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de mil 545 armas de fuego, 18.6 toneladas de narcóticos y el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos.

El retorno a las comunidades y el combate a cárteles

Respecto a las familias que abandonaron sus hogares en regiones como la Sierra Fronteriza y Los Altos, el gobernador afirmó que el fenómeno ya no responde a pugnas religiosas —las cuales han disminuido por mayor tolerancia entre credos—, sino a la violencia armada de tres organizaciones delictivas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Chiapas-Guatemala y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

⇒ Ramírez Aguilar señaló que la aplicación estricta de la ley y el despliegue coordinado permitieron que cerca del 95 por ciento de los desplazados retornaran a sus hogares y reactivaran sus actividades cotidianas.

Esta problemática, documentada previamente por organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) —que contabilizó más de 24 mil personas afectadas entre 2021 y 2025 en municipios como Pantelhó, Chenalhó, Frontera Comalapa y Chicomuselo—, comenzó a revertirse mediante la presencia de bases de operaciones y el blindaje institucional.

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EM/dsc

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