CAMPECHE.— Pese a que las autoridades estatales habían catalogado la advertencia como un rumor infundado, trabajadores de la maquiladora South East Manufacturing —perteneciente al consorcio transnacional Grupo Karim’s (GK)— confirmaron que la división de confección médica suspenderá operaciones de forma definitiva el próximo 30 de octubre.
⇒ El frenazo operativo involucra directamente a la línea Karim’s A4 Medline, especializada en el diseño y manufactura de indumentaria hospitalaria en la planta ubicada en la colonia Fidel Velázquez.
Aunque la administración corporativa mantendrá activa la división deportiva enfocada en pedidos para la multinacional Puma, aún no precisa la cifra exacta del personal que será dado de baja o reubicado. Actualmente, la planta opera con una nómina total de 756 operarios.
La clausura de este segmento textil amplifica la vulnerabilidad laboral en la entidad. A la incertidumbre en la capital se añade el antecedente inmediato de la maquiladora AMMAR II en el municipio de Calkiní —también ligada a GK—, donde 340 colaboradores fueron dados de baja, lo que podría elevar a cerca de mil 100 las familias perjudicadas en el sector textil.
Este escenario agrava las condiciones económicas del estado, el cual acumuló una pérdida de cerca de 10 mil puestos de trabajo formal al corte de julio de este 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al tratarse de un empleador de escala industrial y no de micronegocios, analistas advierten un freno al circulante de la economía popular por la caída del consumo familiar en las zonas urbanas y conurbadas.
⇒ La confirmación del cierre de la nave médica reactivó la indignación entre excolaboradores de la compañía, quienes denuncian que la empresa incumple con los finiquitos e indemnizaciones pactados en conflictos previos.
El antecedente directo se remonta a mediados de 2024 con la entonces firma filial Campeche Sportswear, recorte que dejó sin ingresos a unos 400 obreros. Extrabajadores expusieron que los saldos se cubren en pagos fraccionados y con rezagos procesales. Entre los afectados destaca el caso de Pablo “N”, quien tras dos décadas de servicio aún mantiene un litigio laboral: de los más de 180 mil pesos que le correspondían por ley, solo ha percibido 75 mil en abonos parciales.
Durante las protestas de 2024, la representación patronal alegó insolvencia financiera para hacer frente a las obligaciones contractuales, situación que orilló a la Secretaría del Trabajo local a realizar inspecciones extraordinarias y mantener bajo supervisión maquinaria e inmuebles para utilizarlos como garantía precautoria. Dos años después, la falta de resolución sobre aquellos pasivos ensombrece el proceso de liquidación para el personal que causará baja a finales de octubre.
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EM/dsc
