WASHINGTON.— Las cadenas de noticias CNN y MS NOW, junto con el diario digital Politico, anunciaron este lunes la presentación de una demanda formal contra la administración del presidente Donald Trump ante el Tribunal de Distrito de Columbia en Washington. El recurso legal busca frenar de forma inmediata la revocación unilateral de las credenciales de prensa de sus periodistas y restituir su acceso a las instalaciones de la Casa Blanca, al denunciar una transgresión directa a las garantías consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Esta mañana notificamos al Gobierno que hoy presentaremos una demanda para proteger nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, informaron las tres organizaciones mediante un comunicado conjunto.
Los demandantes acusaron al Ejecutivo estadounidense de suspender los accesos “sin previo aviso ni procedimiento alguno” en represalia por su línea editorial, advirtiendo que de no revertirse en tribunales, la medida sentará un precedente perjudicial contra el ejercicio del periodismo independiente.
Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8
— CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026
Bloqueo operativo y boicot del consorcio de televisión
La prohibición presidencial —anunciada originalmente por Trump el viernes pasado y ejecutada formalmente durante el fin de semana— impidió el ingreso de los reporteros a sus salas de redacción en el ala oeste, inhabilitó sus acreditaciones electrónicas y les prohibió operar equipo técnico de transmisión en los jardines y salas de prensa oficiales.
La sanción desató un impacto inmediato en el sistema de cobertura conjunta de la presidencia. CNN tenía asignada este lunes la producción y distribución rotativa de la señal del consorcio televisivo (pool) para acompañar al mandatario a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde sostendrá encuentros bilaterales con el presidente francés Emmanuel Macron y el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani.
En un acto de solidaridad gremial, el presidente del grupo de televisión y jefe de la oficina de Fox News en Washington, Bryan Boughton, notificó que las cadenas no reemplazarán a CNN. Con esta determinación, los principales consorcios de noticias (CBS, NBC, ABC, CNN y Fox News) suspendieron las transmisiones en directo de la agenda presidencial fuera de la capital estadounidense.
Frente a la inminente querella, el mandatario republicano defendió la exclusión de las cadenas mediante una serie de mensajes publicados en la plataforma Truth Social, donde rechazó que se trate de un atentado a la prensa:
“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América. Es corrupto, deliberado, omnipresente, totalmente coordinado y completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse. ¡Ahora!”, publicó.
Trump argumentó ante reporteros que la medida responde a una cobertura “acumulativa y unilateral de los últimos dos años” y advirtió que evalúa extender el veto a otras empresas informativas que incurran en lo que califica como falsedades contra su administración.
Precedentes legales y el debate de la Primera Enmienda
Para conducir la batalla jurídica, las empresas contrataron a Ted Boutrous, abogado constitucionalista que lideró exitosamente el litigio de CNN en 2018 cuando la primera administración de Trump suspendió la credencial del corresponsal Jim Acosta. En aquel entonces, los jueces federales determinaron que la Casa Blanca violó el debido proceso al retirarle el pase sin otorgar derecho de audiencia ni fundamentar un riesgo de seguridad física.
La demanda sostiene que los lineamientos federales y la jurisprudencia que data de 1977 (caso Sherrill v. Knight) estipulan que el Servicio Secreto únicamente puede negar un “pase duro” si existe un riesgo directo a la integridad física del mandatario o su familia, impidiendo que el contenido de los reportajes sirva como parámetro discriminatorio. El equipo legal solicitó una orden de restricción temporal para que la justicia ordene la restitución de accesos esta misma semana, antes de que el proceso de fondo continúe su curso.
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AM.MX/dsc
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