CAMPECHE.— El Congreso de Campeche se convirtió en la legislatura local número 24 en avalar la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, un proyecto promovido por el Ejecutivo Federal que establece como requisito indispensable poseer de forma exclusiva la nacionalidad mexicana para gobernar el país o las entidades federativas.
Con este voto aprobatorio, la iniciativa consolida con creces el aval del Constituyente Permanente, superando el mínimo legal de 17 estados requeridos para su declaratoria de validez. La modificación estipula que quien aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá ser mexicano por nacimiento y ostentar una sola nacionalidad.
Bajo este nuevo marco jurídico, cualquier ciudadano que cuente con doble nacionalidad estará obligado a renunciar formalmente a la extranjera antes de inscribirse como candidato oficial. Del mismo modo, el texto prohíbe que el servidor público adquiera otra nacionalidad mientras ejerza sus funciones. Las disposiciones no afectarán a los mandatarios actualmente en funciones y comenzarán a surtir efectos de cara a los comicios de 2028.
⇒ Durante la sesión, la deliberación desató confrontaciones entre los grupos parlamentarios en torno al impacto que este candado legal representará para la comunidad migrante y el personal en el servicio público.
La bancada de Movimiento Ciudadano, en voz de Tania González Pérez y Pedro Hernández McDonald, acusó al bloque oficialista de actuar bajo “miedo político” y reprochó que la reforma restringe los derechos políticos de millones de connacionales radicados en el extranjero que aspiren a regresar y competir democráticamente por un cargo de elección popular. En el mismo sentido, el diputado panista Jhosué Rodríguez Golib calificó el decreto como un retroceso perjudicial contra las comunidades migrantes.
En contraparte, legisladores del partido oficialista, entre ellos Jorge Pérez Falconi, Gaspar Nah Miss y Omar Talango Cervantes, defendieron la pertinencia del dictamen al señalar que la soberanía nacional exige lealtades absolutas sin interferencias geopolíticas.
Los parlamentarios sostuvieron que la restricción previene cualquier intento de gobiernos foráneos —haciendo alusión explícita a la coyuntura con Estados Unidos— de intervenir indirectamente en la toma de decisiones estratégicas del Estado mexicano, garantizando que el rumbo institucional quede resguardado exclusivamente en manos de mexicanas y mexicanos sin compromisos con otras banderas.
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