CIUDAD DE MÉXICO.- En México, los estados y municipios son la primera línea de defensa ante las graves consecuencias del cambio climático; sin embargo, son los que cuentan con menos recursos fiscales para implementar acciones de mitigación y adaptación.
Ante este panorama, organizaciones en defensa del medio ambiente y la justicia fiscal advierten sobre la urgencia de fortalecer la capacidad recaudatoria de los gobiernos locales, implementando esquemas progresivos y con perspectiva climática que permitan financiar una transición ecológica justa sin afectar a las poblaciones más vulnerables.
De acuerdo con especialistas del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), en nuestro país la crisis climática no puede entenderse sin abordar también la crisis de finanzas públicas y las profundas desigualdades estructurales.
México se calienta más rápido que el resto del mundo
Los reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) revelan un dato alarmante: mientras la temperatura promedio del planeta ha aumentado entre 1.1 y 1.5 grados Celsius en comparación con la era preindustrial, en el territorio mexicano el incremento ha sido de 1.9 grados.
Este calentamiento acelerado ya está pasando una costosa factura. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), tan solo en 2024 los fenómenos hidrometeorológicos dejaron más de 793 mil damnificados y pérdidas económicas estimadas en 12 mil 071 millones de pesos, lo que representó el 83.6% del costo total de los desastres ocurridos ese año en el país.
El freno presupuestal en los estados
Pese a la magnitud de la emergencia, las entidades federativas tienen las manos atadas financieramente. El análisis “Hacia un sistema fiscal progresivo y verde” señala que el 81.7% de los ingresos estatales dependen de transferencias federales, limitando su margen para crear políticas públicas a la medida de sus territorios.
Además, aunque 18 de los 32 estados del país ya cuentan con al menos un impuesto ecológico, la recaudación per cápita por estos gravámenes cayó un 27% entre 2018 y 2024 debido a problemas de diseño e implementación. Un ejemplo son los impuestos a las emisiones de carbono vigentes en 12 estados, cuyas cuotas (de 100 a 640 pesos por tonelada) son consideradas insuficientes para motivar a las empresas a reducir su contaminación.
Luis Miguel Galindo, director de Clima, Economía, Finanzas y Energía de WRI México, y Sophia Appl Scorza, de la AJF, coinciden en que la solución pasa por una “fiscalidad verde”. Esto implica diseñar impuestos ambientales que desincentiven prácticas contaminantes y que el dinero recaudado se etiquete estrictamente para proteger a las comunidades históricamente expuestas a los desastres naturales.
Para lograrlo, las organizaciones proponen una agenda que fortalezca las instituciones locales, mejore la coordinación entre las autoridades de medio ambiente y hacienda, y fomente la transparencia para que la sociedad apruebe y vigile el destino de estos recursos climáticos.
AM.MX/lm
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