MÉRIDA.— Tras más de cinco años de batalla legal, vecinos de la colonia San Damián lograron que el Ayuntamiento de Mérida confirmara que no renovará ni expedirá nuevas licencias de construcción para el gasoducto que la empresa Tractebel GNP —comercialmente conocida como Engie— pretendía colocar en su calle.
⇒ El acuerdo se dio a conocer durante el primer foro de participación pública ambiental, convocado por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal en acatamiento a una resolución judicial derivada del amparo 492/2021, promovido por el colectivo Defensores de San Damián con el respaldo de Kanan Derechos Humanos A.C.
Durante el encuentro, realizado en la Central de Orden, Planeación y Desarrollo Urbano y con la presencia de más de veinte habitantes, los colonos reiteraron su oposición al proyecto y denunciaron la falta de transparencia, engaños e intimidaciones durante el proceso inicial.
Ante estos posicionamientos, la autoridad municipal confirmó que la obra no continuará en la vialidad del colectivo y señaló que la empresa manifestó su desistimiento en dicha zona. Asimismo, se pactó una visita técnica para ubicar los tramos de tubería colocados entre 2021 y 2022 y evaluar su posible retiro.
A pesar de los acuerdos alcanzados, el colectivo apuntó que la primera sesión careció de datos técnicos profundos sobre riesgos y beneficios, además de la ausencia de especialistas e instituciones convocadas. Por esta razón, el Ayuntamiento se comprometió a programar una nueva fecha para cumplir a cabalidad con la sentencia de los tribunales.
Antecedentes de la disputa legal
La controversia se remonta a 2021, cuando los residentes interpusieron demandas contra permisos otorgados para infraestructura de gas natural cerca de sus hogares. En diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán emitió su fallo reconociendo violaciones a los derechos de acceso a la información y participación ciudadana, ordenando la realización del foro informativo. Previamente, en mayo de 2022, un Tribunal Colegiado había concedido la suspensión de los trabajos mientras avanzaba el litigio.
Pese al freno en su calle, los integrantes de Defensores de San Damián enfatizaron que el crecimiento de esta infraestructura en Mérida exige transparencia absoluta sobre riesgos e impactos, así como mecanismos reales de consulta para las comunidades afectadas.
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EM/dsc
