CIUDAD DE MÉXICO.— La crisis interna y el proceso de reestructuración que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) sumaron un nuevo capítulo este martes con la dimisión de dos funcionarios de alto nivel vinculados a áreas clave de la administración y fiscalización del organismo autónomo.
Se trata de Mario Alberto Alejo, quien se desempeñaba en la estructura directiva del instituto, y Anahí Silva Tosca, quien fungía como directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Ambas figuras habían estado recientemente en el centro del debate político debido a su cercanía institucional con grupos afines a Adán Augusto López y las tensiones que atraviesa la Junta General Ejecutiva.
Una cascada de salidas que altera la operación
Las renuncias de Alejo y Silva Tosca se suman a una serie de bajas sensibles registradas en las últimas semanas dentro del órgano electoral, las cuales han puesto de relieve profundas diferencias en la toma de decisiones y en la conducción administrativa bajo la gestión provisional de la presidencia.
Los funcionarios Mario Alberto Alejo García y Anahí Silva Tosca dimitieron a sus cargos en el INE tras la salida de la expresidenta Guadalupe Taddei. Las bajas corresponden a la titularidad de la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. https://t.co/Hfa4gTAMnS
— Línea Tabasco (@LineaTabasco) November 17, 2026
Analistas y círculos políticos han interpretado esta ola de dimisiones como un reflejo de la presión institucional a la que se enfrenta el INE, obligado a reordenar sus mandos medios y superiores para garantizar imparcialidad y estabilidad de cara a los próximos retos comiciales del país.
El impacto en la estructura interna
Hasta el momento, el Consejo General del INE no ha emitido un posicionamiento detallado sobre quiénes asumirán de manera formal los despachos vacantes dejados por ambos funcionarios, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer los nombramientos de carácter temporal o definitivo.
Con estas salidas, el organismo electoral continúa lidiando con un proceso de depuración y revisión de su estructura interna que busca calmar las aguas tras los señalamientos de presunta corrupción y conflicto de interés que han dominado la agenda pública del árbitro electoral en el cierre de este año.
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EM/dsc
