Lilia Arellano
“Servirse de un cargo público para
enriquecimiento personal resulta no
ya inmoral, sino criminal y abominable”:
Cicerón
⦁ Lánguido combate a la corrupción
⦁ UIF promovió 177 denuncias; FGR sólo lleva una docena de casos
⦁ ASF: en el 2018, manejo irregular 144 mil 430 millones de pesos
⦁ Puebla: exigen los universitarios renuncie el gobernador Barbosa
Ciudad de México, 5 de marzo de 2020.- México no se distingue por tener un sistema de administración y procuración de justicia pronto y expedito. Tampoco el combate a la corrupción es parejo ni total en la régimen de la autodenominada Cuarta Transformación. Todo indica es orientado a ciertos personajes, mientras el grueso de ex funcionarios responsables de desvíos y manejos irregulares del presupuesto público durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, gozan de completa impunidad. No han sido tocados peces gordos, apenas si alguna trucha como Rosario Robles, quien desde hace varios años traicionó a sus compañeros de la entonces oposición de izquierda y ahora le hacen pagar las consecuencias. Del sexenio anterior, sólo se le sigue proceso judicial al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pero al resto del equipo del mexiquense no se le molesta ni con el pétalo de un citatorio y por el contrario se les protege desde el Poder Judicial, a pesar de las pruebas acumuladas por la Auditoria Superior de la Federación, la cual observó sólo en el último año del peñanietismo presuntamente se utilizaron de forma irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado (presupuesto federal dirigido a los estados), que para la Cuenta Pública 2018 ascendió a más de un billón 700 mil millones de pesos.
Aunque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presume la promoción de 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, y el congelamiento de 12 mil cuentas con 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha logrado judicializar apenas una docena de casos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita denunciados por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fuentes del gobierno federal sostienen todas las denuncias están en curso, pero sólo han sido llevadas ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) aquellas en las cuales se ha podido integrar una carpeta de investigación sólida, cuidando que no se pueda impugnar la obtención de información financiera de los inculpados.
De los casos iniciados por la UIF que ya están ante los tribunales, mediante la acción de la FGR, destacan el del abogado Juan Collado, sometido a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la empresa Caja Libertad; el de Ramón Sosamontes, colaborador de Rosario Robles Berlanga, coacusado junto con ella de haber diseñado un esquema de desviación de fondos públicos mediante contratos con universidades públicas; el del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien la semana pasada fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador de cárteles del narcotráfico. Desde julio del año pasado, la UIF logró una orden judicial con el fin de mantener congeladas 42 cuentas bancarias del ex mandatario nayarita; y la relacionada con la iglesia denominada La Luz del Mundo. La FGR inició una investigación acerca de las actividades de dicha iglesia, la cual está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la FGR.
El resto sigue impune a pesar del seguimiento e indagatorias de la UIF. Entre estos casos se incluyen a mil 86 empresas identificadas como “simuladoras” por el Servicio de Administración Tributaria por la justificación de gastos con facturas falsas (que por si solas involucran 324 mil millones de pesos) y “outsourcing ilegal”. Santiago Nieto reportó se han presentado siete denuncias ante la FGR sólo por outsourcing ilegal que se suma a 35 empresas fachada y 15 por facturación simulada. “Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó”, indicó el funcionario el miércoles pasado durante la conferencia mañanera de AMLO.
Nieto Castillo destacó el caso de las operaciones asociadas a un “fraude importante al Infonavit, que abarca 5 mil millones de pesos”, el cual tenía como propósito que el instituto pagara a la empresa Telra por la cancelación de un contrato. “A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. También hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares”, describió el funcionario. También resaltó las transacciones ilícitas efectuadas por un “pastor en tercera generación” de la iglesia Luz del Mundo (Naasón Joaquín García), quien engañaba a la gente por medio de la fe para que donaran sus bienes a esa organización y tenía relaciones sexuales con feligreses. Por esas prácticas, se detectaron transacciones por 359.9 millones de pesos y 1.5 millones de dólares.
Otras irregularidades en operaciones financieras mencionadas por el titular de la UIF fueron: las de una empresa farmacéutica la cual a pesar de obtener contratos por 9 mil millones de pesos en adjudicaciones directas, reportó pérdidas por 419 millones de pesos, lo que evidencia evasión fiscal. Otra comercializadora de fármacos tuvo contratos a escala federal por 89 mil 843 millones de pesos, no registro operaciones internacionales, pero hizo transferencias por 40 mil millones de dólares a Estados Unidos y mil 521 millones de pesos a Suiza y Estados Unidos.
También acciones asociadas a la trata de personas fueron seguidas por la UIF, entre esas se encuentra el caso de una banda dedicada a enganchar a menores de entre 12 y 15 años para prostituirlas en Guadalajara, Irapuato y la Ciudad de México. Fueron identificadas transacciones por 52 millones 618 mil pesos a cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones relacionados de manera indirecta con sujetos vinculados.
AÑO DE HIDALGO
En su gran mayoría la serie de actos de rapacería de la administración federal pasada del priísta Enrique Peña Nieto sigue impune, a pesar de que se han ido acumulando las pruebas del saqueo a las arcas públicas, sobre todo desde el más alto nivel de la administración pública federal, desde la Presidencia de la República hasta las Secretarías de Estado, pasando por las direcciones generales de las empresas productivas del Estado. La ASF ha documentado estos robos al patrimonio nacional de los mexicanos y a pesar de haberse presentado las denuncias correspondientes, los procesos judiciales avanzan lentamente y la justicia es un ferrocarril pesado y, al parece, difícil de mover en la dirección correcta.
Hace 15 días, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). David Colmenares Páramo, realizó ante la Cámara de Diputados la Tercer Entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en los cuales destacó: durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se observó que presuntamente se utilizaron en forma irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado, es decir, del presupuesto federal dirigido a los estados, que para la Cuenta Pública de ese año ascendió a más de un billón 700 mil millones de pesos.
A la Cuenta Pública de 2018 se realizaron 872 informes individuales, los cuales sumados a los 268 informes rendidos en junio y 668 en octubre, suman un total de mil 808. Además, se practicaron 8 auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores. De ese total, 819 se realizaron a entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo 478 al Poder Ejecutivo Federal, cuatro al Poder Judicial, nueve al Poder Legislativo y 11 a órganos autónomos. El total de entes auditados ascendió a 549, reportó Colmenares Páramo a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
El titular de la ASF subrayó a los legisladores trabajan de manera coordinada con la FGR en diversas denuncias por daño al patrimonio público en los procesos que se siguen por las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como la Estafa Maestra, y por el cual está siendo procesada la ex titular de esas dependencias, Rosario Robles. Asimismo, la ASF ha trabajado en auditorías de administraciones anteriores de Pemex. La semana pasada fue detenido en España, Emilio Lozoya Austin, ex titular de la paraestatal, (prófugo desde mayo de 2019) quien enfrenta un cúmulo de acusaciones por probables actos de corrupción cuando estaba al frente de esa empresa del Estado.
EXIGEN UNIVERSITARIOS RENUNCIE BARBOSA
Las calles de la Ciudad de Puebla fueron inundadas por miles de personas quienes demandaron la renuncia del gobernador Miguel Barbosa, y exigieron justicia por los tres estudiantes de la UPAEP y uno la BUAP así como por el chofer de Uber asesinados en el municipio de Huejotzingo. A la marcha se sumaron alrededor de 10 mil alumnos de diferentes unidades académicas, tanto de la UPAEP como de la BUAP, quienes gritaron: “!No somos cinco, no somos 100, señor Gobernador, cuéntanos bien!” y le exigieron al titular del Ejecutivo estatal garantice seguridad para los universitarios.
La movilización abarcó más de 20 calles, desde El Gallito, en el Paseo Bravo, con dirección al Zócalo de Puebla. Al grito de “!Ni una bata menos!” y con pancartas los estudiantes demandaron justicia y mayor seguridad y criticaron al gobierno de Barbosa. A la llegada de la mega marcha de estudiantes a Casa Aguayo, la sede del gobierno de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que si hay justicia, pero los jóvenes exigieron su renuncia.
Barbosa salió de las instalaciones pública y caminó frente a las vallas colocadas por la Policía para resguardar la zona y, a 10 metros de distancia de los manifestantes, aseguró ya cumplieron. “Ya hay justicia, los asesinos de los cuatro jóvenes ya están en la cárcel”, dijo el gobernador custodiado por un grupo de elementos policiacos y rodeado por sus colaboradores: el secretario de Gobernación, David Méndez; el titular de Educación, Melitón Lozano, y el consejero jurídico Ricardo Velázquez.
“!Si no puedes mejor renuncia, nos traicionaste!”, gritaron los universitarios, quienes pronto tuvieron eco en más asistentes a la mega marcha. El gobernador respondió que si hay acciones para contrarrestar la situación de inseguridad y violencia en el Estado, pero no convenció a los manifestantes.
DE LOS PASILLOS
La regulación al outsourcing se complicó en el Senado de la República. El dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia se desentendió de los acuerdos entre senadores con trabajadores y líderes sindicales alcanzados en la mesa de alto nivel para regular esta figura, entre los cuales está la eliminación de la arista penal, la cual equiparaba a la práctica de outsourcing con el crimen organizado, y el registro de las empresas con subcontratación ante la Secretaría del Trabajo. Gómez Urrutia entregó a la Mesa Directiva del Senado el dictamen original, sin los cambios acordados. Ante esto, se prevé que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, convoque a los coordinadores de los grupos parlamentarios para deliberar sobre la situación. Es factible el político zacatecano logre introducir los cambios acordados con el respaldo de parte de su grupo y de las otras bancadas. Si la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, accede a someter al Pleno el dictamen original, habrá un choque de fuerzas entre Monreal y Gómez Urrutia…
Tras ser cuestionado sobre las licitaciones que su gobierno otorgará a la IP para surtir medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no serán contratadas empresas “suspendidas”, pues se demostró hacían prácticas de influyentismo y no pagaban impuestos. El tabasqueño recalcó no se harán contratos con firmas que tengan problemas judiciales, nacionales o extranjeras, y señaló la UIF hará una revisión financiera para descartar corrupción. El gobierno federal y la IP conformaron un equipo y en lo que resta del año surtirán, de manera conjunta, medicamentos a hospitales de especialidades, así como a clínicas del IMSS y a hospitales estatales. La Secretaría de Hacienda alista una licitación para contratar, durante tres años, el servicio de farmacias privadas en nueve institutos nacionales y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud.
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