Francisco Gómez Maza
Megaproyecto a contracorriente
Capricho que saldrá caro a Morena
La determinación de López Obrador de ir a contracorriente del malestar de varios pueblos y comunidades originarias del sureste, por la construcción del tren maya, va a costarle caro en lo futuro cercano. No es bien vista la decisión presidencial, y no sólo por el panismo – eso sería explicable -, sino por muchos inclusive de sus seguidores. En el sureste, en Chiapas y en Tabasco particularmente, la gente ya está cansada de que los gobiernos decidan por ella y de que sean objeto de imposiciones.
Él está seguro de que los indios quieren el tren. La verdad es que le tienen miedo porque es una aberrante intromisión en su cultura, en su biodiversidad, y están seguros de que es un proyecto destructor.
Sin embargo, corre el peligro de que, en el propio estado donde nació, no sea bien evaluado electoralmente y su partido Morena se convierta en flor de un día y en el ya cercanísimo proceso electoral de 2021. La derecha está integrando alianzas con las organizaciones campesinas, con indígenas, con empresarios y la ciudadanía.
Y es que la decisión de López Obrador, de entrada, está fuera de la realidad. Es calificada como un capricho personal. Además, no realizó una verdadera consulta entre los pueblos y comunidades (ya no estamos en los tiempos de la consulta a mano alzada. Ésta sólo es funcional en los comisariados ejidales y en las organizaciones comunales del campo.
Y los indios están aún más enojados porque el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez revocó la suspensión provisional de las labores de construcción del tren en el tramo Palenque -Escárcega, había otorgado la jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, del Segundo Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas en favor de indígenas choles, que se oponen a la construcción del tren.
El amparo se presentó con el argumento central del peligro de contagio de COVID-19, que para la población indígena representa esa construcción, y fue precisamente atendiendo a ese riesgo que la jueza otorgó la suspensión. Con todo, los magistrados de ese Tribunal Colegiado la revocaron con el argumento de que el riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituye un acto futuro de realización incierta. “Es decir, que para los magistrados la población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera de otorgarse, lo que llevaría al absurdo de que las medidas sanitarias preventivas, en este caso a cargo del Poder Judicial de la Federación, carecieran de sentido”. Así, los jueves afectaron a las comunidades Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua y la organización Indignación.
Los magistrados alegaron que las autoridades (fundamentalmente Fonatur) dicen que las empresas encargadas de la ejecución del proyecto han observado las medidas de prevención para sus trabajadores y los pobladores de esa región.
Sin embargo, si con lavarse las manos, cubrirse la boca y no escupir fuera suficiente para prevenir los contagios del SARS-Cov-2, bastaría que en cualquier empresa, centro de trabajo o educativo se afirmara lo mismo para que toda la población dejara el confinamiento al que las autoridades de salubridad han inducido”, resaltaron las y los defensores del territorio, quienes señalaron la contradicción de que los magistrados trabajen de manera remota para no contagiarse, pero sí desechen la medida en favor de las comunidades indígenas argumentando que no hay riesgo de contagio.
Igualmente insostenible es el argumento de los magistrados, consistente en que el Tren Maya es, en sí mismo, de interés público y social, ya que supuestamente podría generar a la colectividad desarrollo en económico. Pero la verdad es que, con tal argumentación, lo que hacen los magistrados no es más que repetir lo que dicen las autoridades y que ha sido ampliamente contradicho por numerosas organizaciones, comunidades y académicos, además de que hacen caso omiso de que, en estos momentos, el mayor orden público e interés social debe de estar fincado primordialmente en la salud de la población.
En realidad, lo que los magistrados defienden, a costa de la salud de los Maya Ch’ol y de otros sectores de la región, es un proyecto presidencial favorable para las empresas constructoras y para el interés de Fonatur. Lejos están los propios magistrados de resolver, poniendo por delante las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Otros que también, como dicen en Chiapas, se están haciendo pijijis son los legisladores morenistas, que han incurrido en omisión legislativa sobre el derecho de los pueblos originarios a la consulta verdadera.
Hacerse pijiji es hacerse tonto, por no decir una palabra que las buenas conciencias califican de majadería
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