Mouris Salloum George
La pandemia de Covid-19 ha golpeado y agrietado los muros de las moradas en las que se deposita la facultad y la responsabilidad de formación de leyes para la buena marcha del Estado mexicano.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada desde mayo pasado, se ha visto obligada a suspender sus sesiones ordinarias, así sean por teleconferencia. Las legislaturas de los estados se han convertido en congresos virtuales, que sólo para asuntos de urgente y obvia necesidad tienen sesiones, también remotas.
No es un asunto menor: El Pacto federal y la representación nacional pasan por tal crisis operativa que las comisiones de dictamen en ambas cámaras han acumulado iniciativas de reformas constitucionales y de leyes secundarias que, en otras circunstancias, serían despachadas con dispensa de trámite.
Legisladores tienen el huracán encima y no se arrodillan
Dentro de dos semanas, el Senado y la Cámara de Diputados deben tener sus asambleas preparatorias para su instalación con miras a la Sesión de Congreso General el 1 de septiembre, tradicionalmente reservada al inicio del periodo ordinario de sesiones y de recepción del informe sobre el estado que guarda la administración pública.
En San Lázaro, en que de por sí se ha dado un proceso legislativo irregular, esto no obsta para que las bancadas estén metidas en un verdadero herradero en pugna por las próximas presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva para el próximo periodo de sesiones.
(El actual presidente del primer órgano, Mario Delgado anda más preocupado por lo que pasa en su partido, en trance de Congreso Nacional extraordinario para darse una dirigencia estable.)
Ya están en borrador los Criterios de Política Económica 2021
Viene en septiembre un asunto fundamental, más allá del Reglamento de Practicas Legislativas: La presentación por Hacienda de los Criterios de Política Económica, con sus leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos -y sus misceláneas correspondientes- para el ejercicio fiscal 2021.
El asunto es, política y económicamente capital: Desde el comienzo de la pandemia se planteó la urgencia de reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad para reasignar partidas ya etiquetadas para 2020, a fin de responder a los requerimientos financieros surgidos de la emergencia nacional impuesta por el coronavirus.
Doble prioridad obliga en esa cuestión cuando, por causas de la crisis económica se da ya por sentado que el Producto Interno Bruto resentirá un caída de más-menos 10 por ciento. Si de por sí, la cobija no alcanzaba para arropar a todos.
En esa situación crítica, enredarse en pleitos cerriles por el control de las tesorerías legislativas -con la mira puesta en las elecciones de 2021-, no es sólo políticamente inmoral, sino, desde la perspectiva social, criminal. No se vale.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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