Por: Gregorio Ortega Molina.
Al meditar en el tipo de gobierno que hoy padecemos, y en la exigencia de jugar con una sucesión adelantada, lo que aparece a los ojos de los entendidos son los efectos especiales de La Casa del Dragón. El poder no se asentó, pero se lo disputan a sangre y fuego.
Lo importante, en la agonía administrativa, es distraer al graderío y tapar esos fracasos que convierten el proyecto de la 4T en un verdadero crimen de Estado, cuyos fallecimientos todavía están por contarse, con la advertencia de que el saldo histórico será conocido muy avanzada la centuria. Son especialistas en mentir y barrer bajo la alfombra.
El fallido “intento” de convertirnos en Dinamarca, desde el punto de vista del bienestar en salud, debe arrojar las cifras verdaderas: cuántos muertos por falta de medicamentos contra el cáncer, por la desestructuración de los servicios médicos del Estado, por la desaparición del seguro popular, por la pulverización de los servicios de distribución de medicinas, por la muerte administrativa de la fabricación de vacunas y los programas nacionales de vacunación, por la criminal administración del combate al Covid-19 y la inoculación del medicamento como proyecto político.
Ahora, por decreto, se esfuerza en resucitar un proyecto que nació muerto: el mismo AMLO lo liquidó al decidir el fallecimiento administrativo del seguro popular y poner de patitas en la calle a los empleados de esa institución. El Insabi no pudo aprender a caminar solo, y menos tras el conocimiento de que llegó al mundo como consecuencia de una tonta muerte administrativa.
Lo siento por Zoé Robledo, a cuyo padre conozco y por eso mismo supongo que es un funcionario con experiencia y pulcritud, lo que no garantiza que en el futuro no le imputen el fracaso del decreto presidencial, pues equivale a uno de los trabajos de Hércules, limpiar los establos de Augías.
Ciertamente los servicios asistenciales y de salud mexicanos en ningún momento podrán equipararse a los de Dinamarca, pero con su tamal de chipilín se lo coman los valedores de Andrés Manuel López Obrador, pues se comportan como cómplices administrativos y políticos, para avalar su impunidad histórica y por incumplimiento del mandato constitucional.
¿Qué lo motivó a matar el seguro popular, si sabía que no podría sustituirlo? La historia se lo cobrará.
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