Gobierno expropia más de 150 predios para el Tren Maya en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno federal declaró “de utilidad pública” a 151 terrenos privados de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo, los cuales serán utilizados para la construcción del tramo 6 (de Tulum a Chetumal) del Tren Maya.

⇒ Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que ordena la “ocupación temporal” de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados de terreno.

En agosto pasado, el Gobierno federal ya había ordenado la expropiación de 1 millón 093 mil 118 metros cuadrados de terreno en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, también en Quintana Roo. Esto, pese a que el presidente había prometido que al construir el Tren Maya no se expropiaría ningún terrero.

El decreto, emitido este 6 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), argumenta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) requiere de los terrenos para “aumentar la viabilidad técnica durante la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados con el Proyecto Tren Maya”, pues sostiene que permitirán la interconexión entre las obras.

“En el dictamen técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., se comprueba que los bienes inmuebles que se pretenden ocupar temporalmente son apropiados e idóneos para el Proyecto Tren Maya, conforme a los planos topográficos de los inmuebles”, sostiene el decreto con la ubicación de los 151 terrenos que serán ocupados inmediatamente por la Sedatu.

Además de ordenar el pago de indemnizaciones a los dueños, el decreto sostiene que en caso de que los terrenos no sean destinados total o parcialmente, “al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o el pago de los daños causados”.

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Asimismo, se aclara que “la interposición de cualquier medio de defensa, no suspende la ocupación temporal”. Será la Sedatu y Fonatur las instancias que se coordinen para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de la indemnización a quienes acrediten ser propietarios.

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EM/dsc

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