MÉRIDA.— Elementos de la Policía de Investigación de Yucatán detuvieron arbitrariamente a cuatro personas durante una protesta pacífica en Mérida, en solidaridad con la comunidad maya de Sitilpech, municipio de Izamal, que se opone a la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (Kekén).
⇒ Los ejidatarios de Sitilpech exigen el cierre de una granja de la empresa Kekén, dedicada a la comercialización de carne de cerdo, al considerar que contamina el manto freático y pone en riesgo la salud de la población local.
Las organizaciones Kanan Derechos Humanos y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) informaron que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público ”responsables de la violencia contra servidores públicos e iconoclasia”, por lo que hay un proceso penal en desarrollo.
Los detenidos fueron identificados como Dafne Isabel A. M., Andrea Sofía C. R., Andreu O. M. y Sebastián N. U, tras la marcha de este miércoles en Mérida, y son acusados por supuestos actos vandálicos contra el Palacio de Gobierno y señalados por agresiones contra servidores públicos.
⇒ Más de 600 habitantes de Sitilpech marcharon desde el parque de Santa Ana hacia el Palacio de Gobierno, en Mérida, con pancartas donde expresaban su descontento con la empresa porcícola Kekén.
La convocatoria anunciaba una marcha pacífica. Sin embargo, hubo afectaciones a la fachada de la sede del Poder Ejecutivo, por lo que intervinieron policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Durante la movilización, un agente recibió un golpe con un objeto en la cabeza, lo que le provocó una herida.
En un comunicado, el Gobierno de Yucatán afirmó que, durante la movilización, “algunos de los integrantes llegaron en un ambiente de confrontación, retaron a los policías con cantos como ‘tienen miedo’, entre otras groserías que le gritaban a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”.
La protesta en Mérida fue convocada en rechazo a la instalación de una granja porcícola de Kekén en Sitilpech, donde se instaló un plantón para impedir el paso a la empresa hasta que la madrugada del 18 de febrero, alrededor de 70 uniformados reprimieron y golpearon a la población. Además, se iniciaron procesos penales contra ocho personas por la imputación del delito de obstrucción de vías de comunicación en pandilla.
Kanan y el Cejudi recordaron a la Fiscalía y al Gobierno estatal que ”la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y el abuso policial son violaciones a derechos humanos protegidos en la Constitución y los tratados internacionales”, y aseguraron que mantendrán el seguimiento de los cuatro activistas detenidos hasta que sean puestos en libertad.
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