CIUDAD DE MÉXICO.— La Presidencia de la República ha solicitado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que retrase la discusión del proyecto de invalidación del Plan B de la Reforma Electoral.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) señaló que el pleno de la Suprema Corte primero debe de resolver una impugnación contra la Ley General de Comunicación Social (LGSC), la cual fue presentada desde el 11 de mayo de 2018, para después analizar la validez del Plan B electoral, aprobada en diciembre del año pasado.
En un comunicado, la oficina jurídica de la Presidencia señaló que la LGCS fue aprobada antes de las elecciones de 2018 por el PRI y PAN, hecho que fue cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, ya que presuntamente “existieron vicios en el procedimiento legislativo” y que algunas de sus disposiciones no son acordes a la Constitución.
La dependencia señaló que la SCJN consideró que la Ley General de Comunicación Social era una “norma general y abstracta” y no contaba con carácter electoral, por lo que no concedió la suspensión solicitada. Hasta la fecha, señaló, no se ha dictado una sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, concluyó.
Esto, luego de que este martes 2 de abril, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso anular la primera parte del Plan B Electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, dicha sección se encuentra suspendida y no aplicará para las próximas elecciones de junio en el Estado de México y Coahuila.
Gobierno federal solicita a SCJN resolver impugnaciones de 2018 contra Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre su reforma de 2022 (plan B).
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/SLGGYm8TDW pic.twitter.com/pzYV0bl8l8
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 3, 2023
El proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán considera que existen seis violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que propone invalidar las reformas a leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
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AM.MX/dsc
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