Federico Berrueto
Válida y vigente la preocupación sobre la defensa de la última trinchera del régimen democrático. Al respecto, hay sentimientos encontrados. Por una parte, se espera una postura más explícita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un debate donde va de por medio su existencia y la del Poder Judicial Federal, institución fundamental de la República desde la reforma de 1994, hace treinta años. Por la otra, no les corresponde tal defensa, al menos no del todo porque lo suyo es la justicia, no el debate público, la disputa por el consenso.
La mayoría legislativa y los presidentes se han ensañado con la moderación o prudencia de los ministros y la Corte. No son culpables de lo que se les acusa y no son lo que el régimen les imputa. La corrupción existe, pero es aislada, además es considerablemente más generalizada y perniciosa la de otras áreas de la justicia como las instancias de procuración, la investigación policiaca o el sistema penitenciario, por señalar algunas. Los gobiernos de Morena, nacional o locales carecen de los estándares de probidad que cuestionan y condenan, pero se trata de política y como tal, la veracidad no se aprecia y a veces ni siquiera existe.
He sido de la idea que los ministros, la Corte y todos los juzgadores deben ser cuidadosos en el debate público. La reserva parte de la investidura que remite a la imparcialidad y al profesionalismo. No se resuelve para complacer a nadie, ni a pocos o muchos, tampoco se requiere de comprensión, aval social o reconocimiento por las resoluciones que se emitan. El juez decide porque es lo correcto. Así de simple.
En estos tiempos de desvarío autocrático y de manipulación grosera del público, parece que esta perspectiva está fuera de lugar y deja en muy difícil condición al órgano jurisdiccional, esto es, en indefensión mediática, sin proceso justo, ni presunción de inocencia y en una realidad donde la imparcialidad o sensatez de las autoridades es quimera. La mesura o la prudencia desapareció del diccionario de nuestros gobernantes.
La justicia mexicana no es para presumir, sí nuestro Poder Judicial Federal y la misma Corte, al igual que algunas instituciones públicas acreditan calidad muy por arriba del estándar de otras entidades. Hay insuficiencias como en toda organización amplia, pero se reconocen y no son determinantes en la abrumadora mayoría de los casos. Existen problemas intrínsecos a todo sistema de justicia, como la desigualdad de la defensa o su difícil acceso. Todos los bienes, incluso el de la buena defensa se relacionan, con frecuencia, con el dinero. En otra realidad, al juzgador suele juzgársele por decisiones ajenas, ejemplo, la deficiente investigación o probanza a cargo del MP en casos penales, por incompetencia o por corrupción.
A esta Corte le ha correspondido cerrar la puerta a uno de los periodos más luminosos de la justicia mexicana. Anticipo derrota no por lo avieso del enemigo, sino por una sociedad complaciente que con facilidad y sin mayor examen hace propia las intencionadas mentiras y calumnias del gobernante, que dice mucho no sólo de la sociedad, sino de sus élites y de sus mediaciones en los circuitos de la información y formación de opinión pública.
La justicia es un bien público y como tal corresponde defenderla no tanto a quienes la imparten, sino a quienes somos beneficiarios de que exista. En otras latitudes, fuera de nuestro país, se alzan voces de muchos frentes para frenar y contener la acción contra los juzgadores o la institución que integran; y llama la atención, porque son muchos quienes entienden que lo propuesto para mejorar la justicia -anhelo irrefutable y avalado por todos-, bien se sabe que no resuelve el problema, que su intención o efecto es la concentración del grupo en el poder y que no se tendrá una justicia confiable porque se renuncia a dos principios originarios de su buen ejercicio: la imparcialidad y la independencia del juzgador.
En este último trance, el ministro Juan Luis González Alcántara abre el espacio para conciliar las pretensiones del régimen con la salvaguarda del sistema de justicia diferenciando a la jerarquía de la base de miles de jueces y magistrados. Una oportunidad para salvar lo mejor del Poder Judicial y de paso evitarle al régimen y al país el absurdo de una elección de juzgadores, condenada al fracaso de la mano del ridículo.
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