CIUDAD DE MÉXICO.— A casi 21 años de la detención ilegal y tortura sufrida por la periodista Lydia Cacho, la audiencia de careo en la que se enfrentaría de forma virtual al exgobernador de Puebla, Mario Marín —recluido en el penal del Altiplano—, fue suspendida de última hora debido a fallas en el sistema de comunicación del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Quintana Roo.
⇒ Mediante una transmisión en vivo desde España, donde se encuentra exiliada por motivos de seguridad, la defensora de derechos humanos e investigadora lamentó que deficiencias técnicas de las instituciones sigan obstaculizando el acceso a la justicia.
Fallas técnicas frenan el careo tras 21 años
Lydia Cacho detalló que, tras meses de preparación emocional y profesional —que incluyeron sesiones de terapia para procesar el impacto de volver a ver al exmandatario—, el personal del juzgado le notificó que la plataforma digital dejó de funcionar justo cuando debía iniciar la diligencia.
“Se le cayó el sistema al juzgado. ¿Les suena conocido?”, expresó la autora de Los Demonios del Edén. Asimismo, señaló que las versiones sobre el motivo de la suspensión incluyeron desde un supuesto corte de energía eléctrica hasta la falta de pago de los derechos de la plataforma telemática.
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⇒ La audiencia, que inicialmente se había determinado mantener en reserva pero que logró abrirse a la publicidad con escasas horas de anticipación, carece hasta el momento de una nueva fecha de reprogramación, a la espera de que el órgano judicial restablezca sus servicios.
Organizaciones civiles como Article 19 condenaron el contratiempo y recriminaron que “fallas o errores logísticos sigan generando retrocesos“ tras más de dos décadas de impunidad. Por su parte, la periodista advirtió que este tipo de fallas vulneran los derechos de cientos de víctimas en todo México que dependen de las audiencias telemáticas para avanzar en sus procesos de secuestro, desaparición o violencia.
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada vía terrestre a Puebla —en un trayecto de más de 20 horas donde fue torturada—, luego de publicar su investigación sobre una red de trata y explotación infantil en la que implicó a empresarios y políticos. La comunicadora subrayó que su lucha legal no solo busca justicia personal, sino garantizar que los delitos contra la infancia y los ataques contra la prensa permanezcan castigados.
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EM/dsc
