Adrián García Aguirre / Bacalar, Q. Roo
*Terrenos para Monsanto en escenarios históricos.
*Concesión para siembra de soya modificada.
*Momento de explicar los avances de la “civilización”
*Los determinantes factores políticos y económicos.
*Vulneración del derecho a las consultas públicas.
*Uso indiscriminado de agrotóxicos como glifosato.
Esta es un sitio histórico que ha sido escenario de la presencia de piratas ingleses en los siglos XVII y XVIII, y de del contrabando de armas en acontecimientos que estremecieron a México en la segunda mitad del XIX como la llamada Guerra de Castas entre mestizos, blancos, e indígenas mayas en la segunda mitad del XIX.
Hoy esas costas selváticas bañadas por el mar Caribe y sus aguas de colores turquesa y turmalina atestiguan la injerencia de factores económicos y políticos, que deben entenderse como una variable determinante al momento de explicar el avance de lo que algunos llaman “civilización”.
Esta, en la era de modernidad y los excesos que han agredido a la naturaleza, ha traído los agrotóxicos, la agroindustria y sus perjuicios, consolidándose como un modo y sistema de vida que ha afectado con celeridad al municipio de Bacalar, Quintana Roo.
En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a la empresa transnacional Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.
Esa dependencia federal dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar, en la que los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano.
Además, destacaron la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los pueblos indígenas, que ha sido transgredido una y otra vez, comenzando por el gobierno mexicano con las obras del llamado Tren Maya de mil 500 kilómetros de extensión, de Chiapas a Quintana Roo.
Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica.
La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.
Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a los habitantes mayas de Bacalar.
Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado, y así se llegó a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.
En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2023, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa, en donde destaca el nombre del principal comercializador de lo que genera el cultivo: es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A.
Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.
En paralelo de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades, y así, en agosto de 2022, la SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo.
Los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales: el falso pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.
Su aplicación no pasó del acto mediático, e Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte:
“Si el gobierno obradorista -que habitualmente miente- decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos”.
Hansen añade que quieren seguir en lo mismo. “Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.
Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar.
Al escuchar a Isaac Hansen, un dirigente campesino local establece que la última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.
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