Chiapas va por inmuebles rentados para bares clandestinos

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TUXTLA GUTIÉRREZ.— Con el objetivo de frenar la operación irregular de establecimientos nocturnos y proteger la seguridad de la juventud, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar envió al Congreso de Chiapas una iniciativa de ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados y decomisados, la cual endurece las acciones legales contra la omisión en el arrendamiento de inmuebles.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal advirtió sobre los riesgos asociados a negocios que operan fuera de la ley, señalando que algunos giros de venta de bebidas alcohólicas incumplen los horarios establecidos, carecen de medidas de Protección Civil y uso de suelo, e incluso funcionan como puntos de distribución de sustancias ilícitas.

⇒ Uno de los ejes centrales de la nueva propuesta normativa es la corresponsabilidad de los dueños de bienes raíces. Ante esta situación, el Ejecutivo estatal hizo un llamado enérgico a los arrendadores para verificar el uso real que se le dará a sus propiedades.

 

“Cuando el propietario de un inmueble vaya a arrendarlo, que se cerciore para qué está destinado; si renta para establecimientos de bebidas alcohólicas, bares o cantinas, cerciórense de que tienen la licencia para llevarlo a cabo”, enfatizó Ramírez Aguilar.

Asimismo, el gobernador advirtió que aquellos inmuebles que sean rentados para operar cantinas o bares clandestinos e irregulares se enfrentarán a consecuencias severas: “No solamente vamos a aplicar la ley contra figuras delictivas que sean responsables en ese momento, sino también nos vamos a ir a la extinción y vamos a recuperar esos inmuebles porque no han cumplido con la normativa”.

Ampliación de facultades a la Fiscalía General de Chiapas 

El gobernador reconoció que se trata de una medida estricta, pero necesaria para salvaguardar la integridad de las familias y la juventud chiapaneca. Para ello, la iniciativa contempla ampliar las facultades de la Fiscalía General de Chiapas en materia de aseguramiento y extinción de dominio.

Recordó que si bien desde 2004 se legisló en materia de extinción de dominio —enfocada inicialmente en delincuencia organizada y posteriormente ampliada hacia delitos de corrupción—, la nueva propuesta responde a una demanda ciudadana directa para frenar la impunidad en espacios comerciales que operan al margen de la ley y ponen en riesgo la tranquilidad social en los municipios del estado.

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EM/dsc

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