FRANJA DE GAZA / SemMéxico.- En las últimas semanas, colectivos de periodistas y organizaciones de derechos humanos han vuelto a concentrarse para reclamar protección internacional a la prensa palestina, al conocerse que la cifra de profesionales de la información muertos en la Franja ya supera los 180.
«Sin testigos no hay memoria», proclamaban las pancartas, mientras se denunciaba la estrategia israelí de impedir la cobertura de lo que estas entidades califican como genocidio contra la población civil palestina, señala Periodistas en Español (periodistas-es.com).
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) eleva a 185 los trabajadores de los medios —reporteros, cámaras, técnicos— que han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza, Cisjordania, Israel y Líbano, la cifra más alta registrada por la organización en más de tres décadas de trabajo.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) documenta 170 víctimas palestinas solo en la Franja, mientras que Reporteros sin Fronteras (RSF) habla ya de “más de 150” comunicadores asesinados, 41 de ellos “en acto de servicio”.
Las diferencias metodológicas en el cómputo de profesionales asesinados no ocultan la magnitud de la masacre: todas coinciden en que Gaza se ha convertido en el lugar más letal del planeta para ejercer el periodismo.
“Durante quince meses, los periodistas de Gaza han sido desplazados, calumniados, amenazados, heridos y muertos por el ejército israelí. Aun así, han seguido informando mientras se negaba la entrada a profesionales extranjeros”, advirtió RSF en un comunicado reciente en el que exige la apertura de los pasos fronterizos a la prensa internacional y el fin de la impunidad.
La organización subraya que los reporteros locales son ya «el último muro de contención frente a la oscuridad informativa» y reclama una investigación penal internacional.
Una de las agresiones más graves se produjo el 7 de abril de 2025, cuando un dron israelí impactó en la tienda de campaña que servía de redacción improvisada en el exterior del hospital Nasser de Jan Yunis. El ataque mató al gestor de redes Hilmi al-Faqaawi y al editor Ahmed Mansour, además de herir a otros ocho comunicadores.
«Esta no es la primera vez que Israel ataca una carpa que cobija a informadores; la inacción internacional permite que estos ataques continúen con total impunidad», denunció entonces Sara Qudah, directora regional del CPJ para Oriente Próximo y el Norte de África.
Menos de dos meses después, el 5 de junio, un misil disparado contra el patio del hospital Al-Ahli, en Ciudad de Gaza, volvió a demostrárselo al mundo: murieron los periodistas Suleiman Hajjaj e Ismail Baddah —ambos de Palestine Today TV— y resultaron heridos otros tres colegas que trabajaban con sus portátiles bajo una higuera. «No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón deliberado», reiteró Qudah.
La FIP, en coordinación con el Sindicato de Periodistas Palestinos, exige una investigación “rápida, independiente y eficaz” que identifique a los responsables militares y políticos de los 170 periodistas palestinos asesinados, incluidos los últimos tres reporteros abatidos cuando cubrían la llegada de heridos al mismo hospital baptista.
Para Amnistía Internacional, estos crímenes forman parte de un contexto más amplio: la organización concluyó en diciembre que Israel “ha cometido y continúa cometiendo genocidio” en Gaza, donde el Ministerio de Salud local contabiliza decenas de miles de civiles muertos.
Un análisis publicado en su blog español recuerda que, en los seis primeros meses de ofensiva, «más de cien periodistas murieron por ataques indiscriminados», un dato que la propia ONG vincula a la voluntad de “silenciar la verdad”.
La censura se refuerza con un bloqueo informativo casi total. RSF y el CPJ reunieron a más de doscientos medios internacionales para exigir a Israel y Egipto la apertura inmediata de los pasos de Rafah y Kerem Shalom a reporteros extranjeros, al igual que a caravanas humanitarias y forenses que permitan documentar el alcance real de las matanzas.
El CPJ reclama además corredores seguros dentro de Gaza para la distribución de alimentos y material sanitario a los informadores que permanecen atrapados.
Sobrevivir para contar se ha convertido en un esfuerzo titánico. La investigación del CPJ titulada Murder weapon: Hunger ravages Gaza journalists revela que el precio de un saco de harina ha subido un 6900 por cien, que muchos reporteros trabajan en ayunas y que las infecciones gastrointestinales y cutáneas se han disparado por la falta de agua potable. “Trabajamos mientras sentimos hambre”, confiesa el fotógrafo Abd Elhakeem Abu Riash.
El deterioro físico se suma al trauma psicológico: la mayoría ha perdido familiares, viviendas y redacciones; casi todos duermen en escuelas o en descampados donde la palabra PRESS pintada en los cascos deja de ser garantía de protección para convertirse en diana. Corresponsales veteranos como Majdi Esleem hablan
de “apagones informativos premeditados” que buscan romper el vínculo entre la tragedia y la opinión pública mundial.
Mientras tanto, organizaciones valencianas preparan una exposición itinerante con las últimas fotografías captadas por cámaras palestinas antes de su muerte, imágenes que apenas llegaron a circular en redes por los cortes de electricidad.
Sus promotores planean llevarla al Congreso de los Diputados de España este otoño para presionar a la diplomacia española y europea a favor de un embargo de armas a Israel y del envío de observadores judiciales a la Corte Penal Internacional.
La muerte de 180 —o 185, o 170— periodistas no es solo una estadística; es el síntoma más brutal de una política que pretende arrancar los ojos y la voz de todo un pueblo. Quienes se concentran a instancias de las oenegés lo saben: la batalla por la libertad de prensa en Gaza es, en última instancia, la batalla por el derecho de la humanidad a conocer la verdad sobre un genocidio que continúa a la vista de todos.
AM.MX/fm
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