TUXTLA GUTIÉRREZ.— El Congreso de Chiapas aprobó la denominada Ley Petrona, un conjunto de reformas para establecer que la legítima defensa deberá analizarse con perspectiva de género, evitando la criminalización de mujeres que actúan para proteger su vida frente a sus agresores.
La iniciativa surgió del caso de la indígena tseltal Petrona “N”, de 32 años, originaria del municipio de Tenejapa, quien en legítima defensa asesinó a su esposo, Alonso, de 37 años. La mujer, que resultó lesionada por arma blanca en la riña conyugal ocurrida en su domicilio, fue detenida el pasado 4 de abril.
Según lo expuesto en la tribuna durante la discusión de la iniciativa de ley, Petrona vivía en un contexto de violencia constante y actuó en defensa propia ante una agresión. Diputadas y diputados coincidieron en que su caso evidenció vacíos en el sistema de justicia, que hasta ahora no distinguía con claridad entre el dolo y la legítima defensa en contextos de violencia doméstica.
La presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, y la diputada Rosalinda López Sánchez, promotora de la Ley Petrona, destacaron la relevancia de la reforma al afirmar que “ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. Esta reforma, dijeron, “pone en el centro la realidad que viven muchas mujeres: el miedo constante y la violencia que no siempre es visible”.
Presente en la sesión legislativa, el fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que con la aprobación de la Ley Petrona, Chiapas se posiciona a la vanguardia en materia de justicia con perspectiva de género, al sentar un precedente legal que prioriza la vida, la integridad y la libertad de las mujeres frente a interpretaciones rígidas que ignoraban el contexto social.
Mientras que la presidenta de la llamada Colectiva 50 más 1 Chiapas, Alma Rosa Cariño, consideró que la reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la construcción de un sistema judicial más sensible a las realidades de violencia que enfrentan miles de mujeres en la entidad.
⇒ La reforma a los artículos 25 y 27 del Código Penal del Estado prevé el establecimiento de una presunción legal que permita reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión.
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