Mouris Salloum George
Algunos “moralistas” nativos ardieron en santa ira hace algunas semanas, cuando medios de comunicación de Jalisco, Sinaloa y Sonora reportaron el reparto masivo de despensas alimentarias a familias bajos recursos en los suburbios de varias ciudades y en la zona rural de aquellas entidades, con tarjetas de presentación de señalados jefes de cárteles de la droga.
En recientes días, mercaderes establecidos en el Valle de México se han quejado de competencia desleal, según les parece la oferta de canastas básicas alimentarias a precios accesibles, con cargo a instituciones públicas que hacen extensiva esa prestación convenida en las condiciones generales de trabajo del personal sindicalizado del Estado.
Esa indignada reacción se registró también cuando, a título gratuito, algunas alcaldías de la Ciudad de México llevaron en abril a familias sin poder adquisitivo despensas verdes, que esta semana se han complementado con paquetes de alimentos secos y latería.
No ha sido diferente, cuando asociaciones de asistencia privada han realizado jornadas de socorro alimentario y médico en las zonas más deprimidas del oriente de la megalópolis.
El reverso de la medalla que nos perciben las almas piadosas
Las almas piadosas no han reaccionado de la misma manera cuando personal de tiendas departamentales y de autoservicio, con matrices foráneas, coaccionan a la clientela para que asuma el costo de despensas para personas más desprotegidas, víctimas de los rigores del coronavirus.
En dichos establecimientos privados se han disparado los precios de artículos como como alcohol, agua oxigenada, gel, cubre-bocas, guantes, papel sanitario y algodones o gasas, indispensables para el cuidado más elemental de la higiene personal y familiar o de primeros auxilios.
Precios de mercado negro e incrementos por servicios funerarios
Ahora se sabe, según lo consigna la Procuraduría Federal del Consumidor o lo denuncian diputados, que los alimentos se venden en algunas áreas de la zona metropolitana a precios de mercado negro y empresas de servicios funerarios han incrementado sus tarifas hasta en 500 por ciento (de 10 mil hasta 50 mil pesos, se trate de cremaciones o servicios a boca de tumba).
En consultorios médicos particulares, la tarifa de consulta también se ha elevado y en hospitales de tratamientos especializados contra determinados tipos de cáncer, una aplicación de radioterapia cuesta ya hasta más de 200 mil pesos y el paciente con poder de compra es programado para de tres a ocho sesiones, por solo evitar eventualmente el desarrollo del padecimiento.
Estamos, pues, a la vista de un proceso de deshumanización de ciertas actividades comerciales y de servicios profesionales que no se compadecen de la suerte del prójimo, expuesto a la mano más que visible del mercado, a cuyo altar sirve la intensiva campaña de descrédito de las acciones de emergencia de las instituciones públicas de
Salud y Seguridad Social. No se vale.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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