Mouris Salloum George
Al ponerse sobre rieles el Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, desde los primeros meses los concesionarios mexicanos del transporte transfronterizo empezaron a denunciar trabas aduanales al ingreso de sus unidades a territorio estadunidense.
Tres años después, aquí se inició la desnacionalización de los Ferrocarriles Nacionales, algunas de cuyas concesiones fueron cedidas a empresas del ramo estadunidenses, que ahora controlan buena parte de la transportación por tierra de carga generada en México hacia mercados de la Unión Americana.
A una semana de puesto en marcha el T-MEC, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) acusa que sus socios quedaron en desventaja en ese acuerdo, pues, mientras se libera el acceso al mercado nacional al transporte del vecino país, Washington se reserva la cancelación de permisos de largo recorrido a los choferes mexicanos, ya que el sector fue expuesto como moneda de cambio en las negociaciones del nuevo instrumento comercial, según sostiene el vicepresidente de Canacar, José Refugio Muñoz López. Hasta aquí ese tema.
Miles de ahorradores, víctimas de la cancelación del banco FAMSA
Otra cosa -con sobrada y justa razón- inquieta a miles de titulares mexicanos de cuentas de depósito bancario: Los reguladores del Sistema de Banca y Crédito acaban de dar por cancelada la licencia de operación al Banco de Ahorros Famsa.
El Grupo se fundó en Monterrey, Nuevo León, en 1970, a partir de un tronco mueblero en el sector minorista. Una década después, pasó al sector mayorista y en 1983 empezó a ofrecer créditos al consumo. Para 2000, ya tenía presencia en los Estados Unidos, principalmente en California. En 2007 el gobierno de Felipe Calderón le facilitó la licencia bancaria Famsa.
Hace una semana, la autoridad en la materia estableció que el corporativo incumplió normas de regulación y se detectaron malas prácticas entre sus accionistas, protegidos por el paraguas de sociedad anónima. Le bajaron las cortinas.
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB/ heredero del Fobaproa) para tranquilizar a los potenciales afectados por la suspensión de la franquicia, informó que estaría disponible el seguro del ahorrador, que eventualmente ampara hasta dos millones de pesos por usuario, pero éstos no encuentran la aplicación digital para ingresar al portal del IPAB a fin de obtener información confiable.
Mientras son pera o manzanas, la gente quedó colgada de la brocha
No estamos seguros si asuntos como el anterior son de incumbencia de la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y Bancarios (Condusef), pero, de ser el caso, en última lectura este ente tiene facultades de arbitraje de litigio por la vía administrativa; carece de dientes para encontrar soluciones por la vía judicial.
Acaso el tema sea de competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en tanto son peras o son manzanas, los usuarios de Famsa no tienen opciones inmediatas para hacer frente a las contingencias económicas desencadenadas por la pandemia del Covid-19. Grave y lamentable situación.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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