Aletia Molina
Hay una falta de liderazgo para marcar directrices en la materia, desde el gobierno federal hasta el Congreso.
Hay omisión y negligencia de las autoridades, mientras que en los gobiernos locales observan que han sucumbido a la presión social adoptando medidas para no perder popularidad.
Las autoridades estatales se han extralimitado al emitir decretos para obligar a la ciudadanía a “respetar las restricciones” y reducir la movilidad mientras dura la contingencia sanitaria.
Sólo el jefe del Ejecutivo Federal tiene las facultares para hacerlo, pero en Palacio Nacional han sido omisos, y los gobernadores y alcaldes se han aprovechado de ese vacío de poder para adoptar medidas que han provocado una lluvia de amparos.
Pero más allá de si prosperan o no los recursos legales, la llegada del COVID-19 a México puso en evidencia otras fallas en las que cojea nuestro sistema legal. Existe un foco rojo, una flagrante invasión a las competencias federales y claras violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, no es ninguna novedad.
El entramado jurídico parece letra muerta y todos lo sabemos. Lo que pone en evidencia que nuestras autoridades están viendo el temblor y no se hincan.
Es bueno que todos pongan por delante el bien común de la gente, pero si una medida en el pueblo más recóndito del país resulta efectiva para contener la propagación del virus, ¿por qué no se unifican las acciones?
Sin ir muy lejos, el debate sobre el uso de cubrebocas ha provocado más desinformación que certeza. Está comprobado científicamente que su uso no impide por sí sola el contagio, pero, junto con otras medidas, disminuye el riesgo al usarla adecuadamente.
Lo que no ayuda es la falta de comunicación y entendimiento entre todos los niveles de gobierno, ¿en manos de quien estamos? Hay un abierto vacío de poder.
@AletiaMolina
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