MÉRIDA.— Con el objetivo de blindar las operaciones de compraventa, prevenir fraudes y elevar los estándares de profesionalismo en el sector, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) emitió las primeras 130 licencias oficiales para asesoras y asesores inmobiliarios. Esta medida consolida formalmente el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios en la entidad.
A la fecha, la plataforma del Instituto cuenta con un total de mil 272 personas inscritas. De este universo, 638 aspirantes ya completaron la primera fase del entrenamiento obligatorio, y 130 de ellos han cumplido con todos los requisitos legales para obtener el documento de acreditación indispensable para ejercer la intermediación comercial.
Riguroso proceso de certificación
Para obtener la licencia definitiva, las y los interesados deben acreditar un total de 50 horas de capacitación especializada. El esquema se divide en diez horas impartidas directamente por el Insejupy y 40 horas adicionales cursadas ante personas físicas o morales debidamente avaladas por el propio instituto.
El plan de estudios es impartido por notarios públicos, así como por especialistas del ramo, quienes instruyen a los asesores en temas clave como el marco jurídico vigente, procedimientos registrales, funciones notariales y las mejores prácticas del mercado. Tras haber concluido cuatro periodos de formación, las autoridades anunciaron que la quinta jornada de capacitación masiva se llevará a cabo durante agosto.
Al respecto, la directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, enfatizó la importancia de esta regulación para salvaguardar la economía de las familias y de los inversionistas que llegan a la región.
“Con la emisión de estas licencias buscamos desalentar los fraudes inmobiliarios en el estado. Quienes desempeñen esta actividad deben contar con los conocimientos legales necesarios para brindar certeza y confianza a la ciudadanía durante una de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida”, declaró.
La funcionaria recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, ninguna persona puede realizar actividades de intermediación de bienes raíces sin contar con esta licencia estatal. Asimismo, detalló que los notarios públicos de la entidad tienen ahora la obligación legal de identificar plenamente a los intermediarios de cada transacción y verificar que su acreditación esté vigente antes de formalizar cualquier proceso de escrituración o compraventa.
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EM/dsc
