ASUNCIÓN.— Una severa crisis institucional sacude al Gobierno de Paraguay luego de que el Congreso Nacional rechazara la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña y aprobara someterlo a un juicio político. El proceso se desató en medio de crecientes cuestionamientos y presiones derivadas del escándalo financiero vinculado a Ueno Bank.
La tensión política escaló inicialmente cuando Santiago Peña intentó apartarse del cargo mediante un mensaje de dimisión, buscando evitar la medida legislativa. Sin embargo, las bancadas en el Congreso paraguayo determinaron no aceptar su salida y avanzaron con el trámite constitucional para exigirle cuentas directas sobre las acusaciones que pesan sobre su administración.
Ante la negativa del poder legislativo, Santiago Peña anunció que acudirá a los espacios correspondientes para enfrentar y preparar su defensa ante el Senado, solicitando un plazo prudente de 72 horas para articular los argumentos legales y políticos necesarios frente al libelo acusatorio.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió.
Queridos compatriotas:
Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.
Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.
Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.
Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley.
Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas.
Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra.
Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas.
Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas.
Que Dios bendiga al Paraguay.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Santiago Peña reconoció que algunos legisladores ya adelantaron su decisión sobre el proceso, pero sostuvo que ejercerá su derecho a defenderse porque rendir cuentas también es una responsabilidad frente a la ciudadanía.
“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, afirmó.
El mandatario también aseguró que colaborará con las instituciones encargadas de esclarecer lo ocurrido con Ueno Bank y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, afirmó que proporcionará la información que le sea requerida y sostuvo que quienes hayan infringido la ley deberán responder ante la Justicia.
La crisis política de Paraguay se agravó después de que el Banco Central anunciara la intervención de Ueno Bank durante la madrugada del martes 4 de noviembre, debido a problemas de solvencia. La decisión dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó protestas en distintas ciudades del país. La entidad tenía más de 2.9 millones de clientes y procesaba más de 3 millones de transacciones diarias.
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AM.MX/dsc
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