Federico Berrueto
La crisis del sistema de partidos es estructural. El PRD desapareció, el PRI naufraga abonado en la ambición de una dirigencia que llegó para apropiarse de la institución sin medir costos o consecuencias. El PAN está en búsqueda de recuperar su sentido originario de lucha cívica extraviada desde que llegó al poder nacional. Morena como partido no existe, sí como poderosa maquinaria electoral al servicio de López Obrador. MC vacila entre el oportunismo de Dante Delgado y la frivolidad de Samuel García; no ha definido públicamente postura por la sobrerrepresentación a pesar de ser el más interesado. PT y PVEM son negocio de sus dueños potenciados por su servicio al régimen; su incondicionalidad marca un límite, su sobrevivencia. A pesar de sus votos y fuerza legislativa no están invitados al banquete del reparto del poder.
El país enfrenta problemas mayores. No pocos de ellos han sido provocados por sus propios gobernantes o clase política. La corrupción, la degradación de la vida pública, la deriva antiliberal y autoritaria gana terreno con la complacencia de élites acomodaticias y votantes prestos al clientelismo o a las promesas fáciles del régimen. Lo más preocupante es el estado de indefensión de la sociedad mexicana por la ausencia de partidos representativos de ella misma.
Una amenaza grave se perfila si los republicanos en EU ganan la elección de noviembre. Pretenden hacer de México asiento para los millones de migrantes a expulsar, además de territorio de contención con el despliegue de militares en la frontera sur y norte del país. Las faltas propias, las expresiones frívolas de López Obrador y su sometimiento debilitan al nuevo gobierno. No es un asunto menor y llama por un sentido de unidad nacional frente al amago. En el tema migratorio la derrota mayor ha sido la incapacidad para exponer el drama humano de por medio.
El crecimiento económico es la única salida para resolver la desigualdad y la pobreza, no puede alcanzarse con la visión prevaleciente que descuida el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, desalienta la inversión privada, que pretende revivir los monopolios públicos y privados o con la devastación institucional que acaba con la certeza de derechos. La inversión requiere reglas que ofrezcan certidumbre y competencia justa no palabras que en el tiempo se desdibujan o cambian su sentido. El régimen obradorista no entiende que debilitar al sistema de justicia altera la seguridad jurídica, que vale para la economía y para el conjunto de la sociedad: salvaguarda de los derechos humanos y es contención al abuso de poder.
La falta de una oposición institucional vigorosa deja a la sociedad en estado de indefensión ante la amenaza de derribar los pilares de la democracia como es la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad del INE o la representación democrática de la pluralidad nacional en los órganos legislativos. De todo el espectro partidista sólo el PAN presenta la posibilidad de restituirse y así contribuir desde la oposición al ejercicio responsable del poder. Empero, la diversidad política, regional e ideológica de la sociedad mexicana no cabe en una opción opositora. Pertinente resulta la convocatoria para la creación de un nuevo partido y dar respuesta a la nueva movilización ciudadana por la defensa de las instituciones de la democracia, además de reivindicar los derechos ciudadanos ante todos, incluso las mismas partidocracias que se han impuesto y tergiversado la tarea de las organizaciones políticas.
Crear un nuevo partido es un reto mayor. Requiere claridad de objetivos o programa que haga propias preocupaciones fundamentales como los derechos humanos, el liberalismo político y económico, la legalidad, así como una amplia agenda para la equidad al margen del clientelismo. Cambiar a la política es fundamental y más allá de la retórica es indispensable ciudadanizar su ejercicio que empieza con una conducta de respeto a la dignidad de las personas, incluso la de los adversarios políticos.
La lucha contra la impunidad es el desafío mayor para el país. No se trata sólo de denunciar y reclamar, también de proponer una agenda práctica que haga del ciudadano el sujeto político fundamental. La agenda inmediata de un proyecto ciudadanizado debe plantear la defensa de lo mucho que el régimen pretende derribar: la justicia igualitaria y sin consigna, la transparencia, las bases para una competencia económica justa, elecciones confiables, libertad de expresión y un régimen de rendición de cuentas.
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