Lilia Arellano
“Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia
corriente sin volverse impuro”: Friedrich Nietzsche
- Inocultable corrupción en la 4T.
- Relevan a Ovalle de Segalmex y lo premian enviándolo a Segob.
- Conasupo, Diconsa y Liconsa, caja chica de nuevos funcionarios.
- Ortíz Pinchetti ¿actuará en contra de Sheinbaum y Adán López?
Al mejor estilo novelesco, tenemos personajes dentro del gobierno cuyo castigo, al encontrárseles actos de corrupción. consiste en darles una posición mayor y alejarlos de cualquier investigación. Tras la revelación de diversos actos corruptos en la agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño al erario de al menos 5 mil 640 millones de pesos, los cuales derivaron en denuncias penales y remociones, fue relevado Ignacio Ovalle Fernández de la dirección general de Segalmex, y en su lugar fue designado Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero no imagine usted tal remoción es producto de una reprimenda a la cual debiera seguirle la presentación ante las autoridades judiciales de las pruebas sobre abusos y desvíos, no; Ovalle Fernández no sólo no está siendo investigado, sino fue designado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación. A eso se le dice, coloquialmente, cayó parado, y es gracias a las aportaciones y respaldos hechos al tabasqueño durante su etapa de campaña, además de haberle proporcionado en el pasado, salario, inclusión en la nómina porque, sabido es, don Andrés no ha sido proclive a ganarse el pan con el sudor de la frente.
Desde el pasado 21 de febrero, López Obrador informó en su mañanera ya se habían presentado ante la Fiscalía General de la República diversas denuncias por presuntos actos de corrupción en Segalmex. Precisó estas denuncias eran independientes de las observaciones de la ASF, y aseguró no habria impunidad en los presuntos actos de corrupción en esa Agencia. Sin embargo, a través de un comunicado, la vocería presidencial informó: “Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Leonel Cota Montaño como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) –constituido por Diconsa y Liconsa-, organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Leonel Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ha sido designado por el presidente de la República como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación”.
El pasado mes de enero, tres altos funcionarios de Segalmex, la llamada Conasupo de la 4T, fueron destituidos de sus cargos, luego de comprobarseles presuntos ilícitos y actos de corrupción en dicha dependencia, los cuales fueron denunciados ante la FGR. De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en un documento presentado en 26 de agosto de 2020, una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió en unos cuantos días dos contratos de parte del gobierno de AMLO respaldando un pago de hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa, aun cuando la compañía y el empresario no tenían experiencia en ese ramo y más interesante surge del objeto de esta sociedad.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. En julio de 2021, MCCI reportó que durante sus dos primeros años de operación, Segalmex otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasmas y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la Sedatu. El socio y operador de esas tres compañías participaban en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operación.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Segalmex. La indagatoria involucra a René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue el director de Administración y Finanzas de Segalmex y responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa. Gavira Segreste salió de la dependencia federal en julio de 2020, en medio de señalamientos de corrupción y malos manejos. En agosto de 2021, MCCI informó sobre el inició de investigaciones y el congelamiento de cuentas a Grupo Kosmos por supuestas irregularidades en contratos del anterior sexenio, pero había reclutado como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández Sánchez, quien además de continuar como socio de ese conglomerado empresarial, fue su director corporativo entre 2016 y 2018, periodo en el cual obtuvo contratos por casi 4 mil millones de pesos para venderle alimentos al gobierno de Enrique Peña Nieto.
A los pocos meses de la incorporación de Fernández, Segalmex entregó un contrato por 15 millones de pesos a Productos Serel, una de las empresas que forman parte del denunciado Grupo Kosmos. La Secretaría de la Función Pública ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los años 2019, 2020 y 2021, lo cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales. Por estos hechos, fueron presentadas denuncias ante la FGR. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Sedatu, separó de sus cargos a diversos funcionarios públicos, nombrando temporalmente a Juan Francisco Mora Anaya, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, como responsable de las direcciones comerciales y de Operación Liconsa.
La dirección comercial estaba a cargo de Manuel Lozano Jiménez, quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP, mientras que el director de Operaciones era Bernardo Fernández Sánchez, socio y ex ejecutivo de Grupo Kosmos. A finales del mes de febrero de este año, se confirmó que entre 2019 y 2020 operó al interior de Segalmex una red de corrupción gestada en la alcaldía de Cuajimalpa, dirigida por René Gavira Segreste, acusado por la ASF y la SFP de la entrega de múltiples contratos sin licitar, compras simuladas y gasto no acreditados por más de mil 500 millones de pesos durante su gestión de tan sólo un año. La FGR y la UIF investigan desde el 2020 esta trama de corrupción causante del probable daño al erario por 8 mil 637 millones de pesos detectados por la ASF en la fiscalización de ese año y por la cual se interpusieron 22 denuncias. Las indagatorias se centran en Gavira Segreste, quien actuó en complicidad con sus operadores: el ex jefe delegacional interino de Cuajimalpa y ligado al grupo de choque Los Claudios, José Luis Pandal de la Peza; el empresario Ricardo José Lambretón López Ostolaza, y su primo, Federico Segreste.
Son más de 20 denuncias sobre casos de presunta corrupción cometidos en Segalmex, Diconsa y Liconsa investigadas por la FGR. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero en llegar a los jueces. Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizados por Gavira Segreste. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras las pérdidas serían absorbidas por las empresas paraestatales. Durante las investigaciones de la ASF, Gavira, una vez fuera del cargo, aseguró el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.
La FGR investiga al menos 20 denuncias presentadas por la ASF y la SHCP, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de recursos de Liconsa, que fueron pagados a empresas sin que éstas entregaran los bienes contratados. Es prácticamente imposible considerar era Ignacio Ovalle totalmente ajeno a estas operaciones, inclusive tampoco puede creerse todo lo ignoraba. Pero, aún así, creyendo como posiblemente quiere aparentar el tabasqueño en su palabra, exite la omisión y finalmente este personaje es el primer responsable de todo lo ocurrido en esa Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana desde el momento de asumir el cargo de director general.
Ahora bien, estar dentro de los afectos o como receptor de la gratitud presidencial es la mejor garantía de impunidad.
DE LOS PASILLOS
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR, abrió carpetas de investigación contra Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, y Claudia Seheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, por posibles delitos electorales cometidos al promover el ejercicio de revocación de mandato durante la veda electoral. Las carpetas de investigación fueron iniciadas por las denuncias presentadas por diputados de la oposición en contra de ambos funcionarios y otras personas más. En el caso de López Hernández, los legisladores denunciaron la utilización de un avión de la Guardia Nacional para presentarse en Coahuila, donde promocionó el voto a favor del presidente López Obrador en el proceso de revocación, ratificación o farsa de mandato del pasado 10 de abril. En cuanto a Claudia Sheinbaum, fue denunciada por participar en el evento organizado por Morena el 6 de abril en el Monumento a la Revolución, donde también promocionó el voto para dicho proceso de consulta popular. El requisito de recepcionar las denuncias debidamente respaldadas con pruebas, debió ser obligado para el titular de la Fiscalía Especializada, para José Agustín Ortíz Pinchetti quien cuenta con dos sopas: una en la cual se desechen las denuncias por no encontrarse ningún delito en las actuación de estos personajes, la cual se asemejaría a la de “fideo”; la de “jodeo” será dejar pasar el tiempo y no llegar a ninguna resolución. O ¿acaso creeremos llevará a cabo una actuación correcta y letal el marido de la ministra Loretta, siendo además ex miembro del gabinete del entonces “presidente legítimo”? Qué va.
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