ESTADO DE LOS ESTADOS: Tren Maya: acciones, omisiones y fallas garrafales

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Lilia Arellano

“El apresuramiento es padre del fracaso”: Herodoto

⦁ Tren Maya: acciones, omisiones y fallas garrafales
⦁ Consultas, tan sólo una fachada de AMLO para ocultar decisiones ya tomadas
⦁ De forma anticipada, se dan contratos por más de 677 millones 511 mil pesos
⦁ Xóchitl Gálvez exige investigar a fondo al director de la CFE, Manuel Bartlett

Ciudad de México, 9 de enero de 2020.- La construcción del Tren Maya enfrenta no sólo obstáculos legales y ambientales sino también de legitimación. Además, en el intento de construcción de este megaproyecto se han realizado acciones, omisiones y fallas garrafales, con tal de sacarlo adelante a como de lugar. De entrada, para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la consulta ciudadana organizada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada del 15 de noviembre al 15 de diciembre pasado, no cumplió con los estándares internacionales en la materia. Además, destaca, la metodología de la adecuación del proceso no fue construida con las comunidades involucradas. Por si fuera poco, antes de las consultas con los indígenas, el gobierno federal celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción de esa magna obra.

La consulta adoleció de fallas garrafales las cuales la invalidan, además de que el proceso resultó lamentable. La consulta no tuvo nada de libre, ni de transparente, ni de justa. Por principio sólo se hizo referencia a los beneficios del mega proyecto y no se dio información sobre los impactos negativos. Además, las personas decían estar de acuerdo con la obra con tal de recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura.

Las comunidades involucradas no participaron en la planeación de la consulta, lo cual provocó los tiempos fueran muy cortos, las traducciones no fueran adecuadas, mucha gente no se desplazó a la consulta por falta de recursos y los participantes fueron primordialmente integrantes de los gobiernos municipales. Se registró una baja participación de mujeres indígenas en el proceso, además en algunas comunidades no hubo claridad sobre si se crearon comités de seguimiento. Muy poca gente participo en las votaciones para la población en general, mientras en las comunidades indígenas se realizaron ejercicios a mano alzada, de esos que hoy ya no se aceptan, por manipulables, en las elecciones internas de los sindicatos.

De acuerdo con Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el Tren Maya obtuvo el respaldo de 92.3 por ciento de quienes participaron, lo cual ratifica que el ejercicio no fue democrático, pues refleja un resultado similar a los alcanzados en tiempos del viejo, antidemocrático y todo poderoso PRI

La ONU-DH sostiene: “El proceso de consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya (…) no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia (…) Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”, lo cual no ocurrió.

Respecto al carácter informativo, además de exhibir la falta de datos sobre los impactos negativos que podría traer consigo la obra, esta ausencia de estudios o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. En Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la ONU-DH vigiló cuatro de las 15 asambleas regionales informativas y estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo

La consulta debió haber partido con fundamento en un estudio profundo de los pros y contras del proyecto del Tren Maya, y no de una simple estrategia de propaganda del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. También debió de contar con un manifiesto de impacto ambiental, en donde se precisaran los problemas ecológicos y las opciones para resolverlos.

Definir el proyecto por consulta popular sin duda no es lo más adecuado pues la mayoría de la gente carece de preparación técnica para opinar de manera informada sobre ellos. Además es evidente las consultas populares son utilizadas por el titular del Ejecutivo Federal para cubrir sus decisiones tomadas unilateralmente, sin mayores consideraciones, como ocurrió al consultar al público sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el proyecto del Metrobus de Torreón-Lerdo en la comarca lagunera, o el cierre de una mina en Baja California Sur.

CONTRATOS ANTES DE LAS CONSULTAS

Antes de las consultas con los indígenas quienes viven en las entidades por donde planean tender las vía férreas del Tren Maya, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción de esa magna obra.

Entre dichas transacciones destaca la ganada en agosto pasado por el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora otorgado bajo licitación-, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar una análisis sobre la conformación social en la zona.

Le siguen los contratos a: ByA Barrientos y Asociados, con la cual se comprometieron 62 millones 408 mil pesos para “trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”; a Mextypsa, filial española de Typsa, por 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho PwC, 32 millones por asesoría económica y financiera; y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

De esta forma, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos. De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para el Tren Maya. En octubre de 2018, la administración estatal de Campeche concursó cinco estudios de “previabilidad” de esa obra por 15 millones 229 mil pesos. ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Alejando Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por su consultoría para “el estudio” de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil pesos para “trabajos técnico-jurídicos” de derecho de vía en toda la zona.

Cabe resalta que Ernesto Tadeo Barrientos, director general de ByA Barrientos y Asociados, aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, pues se desempeñaba como coordinador de Oportunidades en el Estado de México.

EXIGEN INVESTIGAR A BARTLETT

Una y otra vez se exhiben las omisiones y fallas en el cacareado combate a la corrupción en el régimen de la Cuarta Transformación, el cual se demuestra éste está enfocado hacia enemigos o adversarios políticos. Ahora, la senador Xóchitl Gálvez solicitó formalmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) rehacer la investigación sobre la evolución patrimonial del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para ver si corresponde a sus ingresos como servidor público.

En un documento entregado a la SFP, la panista asegura sería un “fatal” precedente que únicamente se indague al funcionario sólo desde el 1 de diciembre de 2018. La legisladora destacó Bartlett tiene en cuentas bancarias 51.1 millones de pesos, además de cinco inmuebles, y una participación empresarial por 25 millones de pesos. “Creo que es importante que sepamos cómo se adquirieron todas esas propiedades, si con apoyo de la pareja sentimental se hicieron negocios, nos hablan de muchos negocios ligados a los seguros en Puebla, entonces hay que saber si son legítimos o no, o si pudiera haber lavado de dinero”, subrayó Gálvez.

El escándalo en torno a la fortuna del titular de la CFE se detonó desde el año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó en todo momento a su colaborador y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lo exculpo de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. El pasado 20 de diciembre declaró que Manuel Bartlett, director de la CFE, no estaba obligado a declarar la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental, Julia Elena Abdala Lemus, e hijos porque no dependen de él económicamente.

Según la titular de la SFP, “de las constancias que integran la indagatoria, no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y 2019 ya que con ninguno de sus propietarios mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica”. Irma Eréndira Sandoval exoneró a Bartlett de los delitos de enriquecimiento oculto y conflicto de interés por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

Cabe recordar que en septiembre pasado, una investigación periodística de Carlos Loret de Mola y Arelí Quintero reveló Bartlett había omitido registrar en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles con un valor de 800 millones de pesos y 12 empresas que están a nombre de Abdala Lemus y sus hijos. No obstante, Bartlett declaró una fortuna de sólo 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos, a pesar de que su patrimonio es 16 veces más grande sólo en propiedades.

De acuerdo con la opinión de especialistas, la investigación de la SFP fue sesgada y poco exhaustiva, y la interpretación que se hizo de la legislación vigente es muy generosa en beneficio del funcionario. Lo cierto es que existe una trayectoria cuestionable de Bartlett durante décadas, que ahora, de un plumazo, el gobierno de la Cuarta Transformación busca redimir.

En opinión de legisladores del PAN, MC y PRD, la resolución de la Función Pública fue sólo una “simulación”. “Lejos de estar combatiendo la corrupción, parece que quieren justificar el comportamiento de los amigos del presidente de la República”, señaló Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, acusó que al igual que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública está al servicio del presidente y el ejemplo fue la exoneración de Manuel Bartlett del conflicto de intereses. Para Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del PRD, el presidente López Obrador aplicó el principio juarista: “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la justicia a secas”.

DE LOS PASILLOS

La renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la más difundida en medios de comunicación, pero no se ha dado a conocer la existencia de investigaciones para determinar el origen de transferencias millonarias a sus cuentas. Por el contrario, todo apunta a que disfruta tranquilamente de la riqueza acumulada, y además por haber renunciado voluntariamente y sin dar explicaciones, recibe una pensión vitalicia de 62 mil 510 pesos mensuales, y en diciembre obtuvo su aguinaldo por 83 mil 346 pesos… Y mientras el ex funcionario disfruta de su riqueza, en el Senado de la República, la morenista Jesusa Rodríguez Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar campañas informativas sobre los riesgos que produce la ingesta excesiva de carne roja. Pidió que en el Senado “se ponga el ejemplo” y se incorpore el menú vegano, al fin que al grueso de la población sus ingresos no les alcanzan para consumir carne todos los días, incluso ya ni siquiera en fechas conmemorativas…

Después de las riñas que provocaron la muerte de 17 personas y 20 heridos por el uso de armas de fuego y punzocortantes, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, admitió el penal de Cieneguillas “es una bomba de tiempo”. Ante estos crímenes impunes ante la incapacidad de las autoridades, todo parece indicar sólo la familia LeBarón tiene voz y se escuchan sus reclamos para obtener justicia, luego de los asesinatos de varios de sus integrantes…

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