CANCÚN, Q.R.- El ex alcalde de Benito Juárez y dueño del periódico La Verdad de Quintana Roo y Yucatán, respectivamente, así como de las empresas dedicadas a la recolección y confinamiento de basura “Inteligencia México S.A. de C.V.” y Eco’ox, Carlos Canabal Ruiz, está en la lista de los personajes investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto enriquecimiento inexplicable.
Sin embargo, la UIF no es la única dependencia federal que vigila los movimientos del “Chelo” Canabal, sino que también la Fiscalía General de República (FGR), pues sus empresas tienen antecedentes de ser utilizadas como lavadoras de dinero de procedencia ilícita.
Ello, sin contar las denuncias que pesan sobre sus plataformas replicadoras de información robada de medios de información nacionales y locales sin permiso y sin pagar los derechos de autor.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, Carlos Cabal Ruiz llegó a Cancún con una sed insaciable de poder y dinero. De hecho se cree que él tuvo participación en el encarcelamiento de Juan Ignacio García Zalvidea “Chacho” para quedar al frente de la presidencia municipal de Benito Juárez como alcalde interino.
Desde entonces, el indigesto personaje para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dedicó a investigar los subterfugios desde donde se ejerce el poder y desde donde brotan las posibilidades de obtener las miles nutridas de millonarias cantidades del dinero público.
Frío, calculador y berrinchudo, codicioso, avaro y soberbio, Canabal Ruiz se ha prestado a los más bajos actos criminales en contra de los intereses populares.
Tanto la UIF y la FGR investigan los movimientos de Canabal Ruiz, de su esposa Yolanda Wilfrido y otros integrantes de su familia desde que llegaron a Cancún, pues sus fortunas no corresponden a las inmensas cantidades de dinero en cuentas bancarias tanto en el país como en el extranjero, especialmente en Texas, Estados Unidos, en donde se han detectados movimientos irregulares de dólares y constantes viajes del magnate periodístico.
Un hecho que sigue llamando la atención es su participación en un presunto desvío de 35 millones 800 mil pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu).
Con base en la Auditoría Superior de la Federación detectó un contrato, adjudicado en diciembre de 2017 a la empresa Meta Medios S. A. de C. V., perteneciente a Carlos Canabal Ruiz, para la elaboración de material audiovisual que nunca fue realizado.
La empresa debía elaborar material sobre las acciones de la Sedatu después de los sismos de septiembre de ese año.
La empresa de Canabal Ruiz no figura en el plan de medios autorizado para ese año por la Secretaría de Gobernación y la nueva administración de la Sedatu, confirmó que ésta nunca realizó ningún servicio, aunque sí recibió el pago completo de 35 millones 800 mil pesos.
El desvío de fondos del erario habría sido operada por dos ex funcionarios leales a Rosario Robles: Héctor José de la O Chi, ex director de Programación y Presupuesto, y Gustavo Rodríguez González, ex vocero de la dependencia.
Rodríguez González, quien acompañó a Robles en la Sedesol y la Sedatu como vocero, ya fue inhabilitado, por autorizar de manera indebida un pago de 175.4 millones de pesos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).
Por su parte, De la O Chi fue quien autorizó el pago millonario a diversas universidades, incluida la Upqroo, esquema conocido como “La Estafa Maestra”, aunque el ex funcionario asevera que su firma fue falsificada.
Cabe recordar que el ex presidente municipal interino (2004-2005) de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruiz, quedó en 2017 como único proveedor del servicio de recolección de basura en Benito Juárez, tras ganar un litigio.
El ahora ex alcalde Remberto Estrada Barba, informó ese año que la empresa “Inteligencia S.A. de C.V.”, atribuida a Carlos Canabal será la única compañía que se encargará de la recoja de desechos en este polo turístico.
Las empresas “Inteligencia México S.A. de C.V.” y “Ruga” prestaron durante 2017 el servicio de recolección de residuos sólidos en Benito Juárez y con base en la comisión de Servicios y Obras Públicas, sus contratos fenecieron el pasado mes de diciembre de 2017.
En la actualidad continúan la disputa legal por el servicio de la recoja de basura. Pese a que ha ganado la partida el gobierno municipal al ex alcalde y empresario Carlos Canabal Ruiz se aferra a buscar beneficios de manera facial.
Y es que por medio de su empresa Intelligencia México S.A. de C.V. y sin contar con la infraestructura para brindar el servicio de calidad ofrecido en el contrato, siempre mostró su codicia por cobrar sin trabajar, dinero fácil que hoy tendrá que demostrar su procedencia.
Y es que si bien el caso está en los tribunales federales, Canabal sigue promoviendo amparos que pretenden echar abajo el acuerdo del 14 de diciembre pasado donde el cabildo de Benito Juárez decretó la intervención pública del servicio de recoja y transporte de basura, con una estrategia planeada para hacer a un lado del negocio de la basura al empresario tabasqueño.
Hasta ahora, la justicia federal le ha negado a Canabal las suspensiones provisionales que solicitó bajo el argumento de que no le fue notificado el acuerdo con que se tomó la decisión de intervenir el servicio con el fin de retomar los trabajos, lo que el Juez Segundo de Distrito porque de acceder a sus peticiones provocaría daños al interés social de contar con un servicio eficiente de basura.
A nivel administrativo, la batalla la ganó también el ayuntamiento, ya que con mucha antelación el organismo municipal descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) elaboró contratos a modo para darle en “exclusiva” la recolectora de basura a Red Ambiental Soluciones, a través de ocho condicionantes que se ajustaron como un traje a la medida de la empresa neolonesa.
Fue mediante una contratación de adjudicación directa por excepción a la licitación pública nacional como se entregó el servicio municipal de transportación de residuos sólidos por un monto total de 271 millones de pesos, a favor de la compañía que dirige Horacio Guerra.
La entrega del negocio que representa la recoja de basura se planeó un mes antes de que el Cabildo benitojuarense argumentó la emergencia sanitaria y suspendió el pasado 14 de diciembre la operación de la concesionaria Intelligencia México, de Carlos Canabal.
La contratación de Red Ambiental como una medida emergente se preparó en el más hondo sigilo que culminó con el otorgamiento de los contratos SIRESOL-DG-CPS-12-20 y 01-21 para prestar el servicio los últimos 15 días de diciembre (con un pago de 11 millones de pesos) y de enero al último día de septiembre próximo (260 millones de pesos), justo el último día que concluirá la actual gestión morenista.
Sin embargo, la ilícita actuación del “Chelo” Canabal cobró nuevos tintes, en la que participan de menear directa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) y con la venia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
EM.MX/fm
