Trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) han reiterado su llamado a que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) cumpla con su obligación legal de resolver las controversias sindicales que se han presentado en torno a la dirigencia de Alejandro Martínez Araiza, a fin de garantizar transparencia y democracia al interior de la organización.
De acuerdo con los inconformes, el secretario general del SNAC no ha cumplido con lo establecido en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que obliga a los dirigentes sindicales a rendir cuentas mediante las actas de asamblea en las que se informe sobre el manejo del patrimonio sindical. La omisión, aseguran, ha derivado en falta de claridad respecto al uso de los recursos que integran el fondo sindical.
Los señalamientos cobran fuerza luego de que han transcurrido más de cinco meses desde la reelección de Martínez Araiza —ocurrida el 15 de abril— para un nuevo periodo de seis años, sin que hasta la fecha se haya presentado el acta de asamblea correspondiente ante las autoridades laborales ni ante la base trabajadora.
La falta de acciones por parte del CFCRL para exigir transparencia y sancionar posibles incumplimientos se suma al rezago en la resolución del amparo promovido por un grupo de trabajadores, quienes buscan que se declare la nulidad de las elecciones anticipadas con las que Martínez Araiza se aseguró su permanencia en el cargo.
En este contexto, los inconformes consideran que corresponde al CFCRL tomar medidas claras, como cancelar el registro del actual secretario general, revisar la validez del comité sindical y reponer el proceso electoral bajo condiciones de transparencia. Además, piden que se investigue el uso de la marca “SNAC”, registrada de manera individual por Martínez Araiza, así como sus intentos por apropiarse de la denominación “Casa Frida”.
Los trabajadores subrayan que detrás de estas demandas no solo está el reclamo de legalidad, sino también la exigencia de claridad sobre el patrimonio sindical, que tan solo por concepto de cuotas asciende, según sus estimaciones, a 500 millones de pesos.
En este escenario, remarcan que el CFCRL, encabezado por Alfredo Domínguez Marrufo, tiene la obligación legal de atender las controversias sindicales y garantizar procesos internos democráticos. La omisión de sus funciones, advierten, no solo pone en entredicho la credibilidad del organismo, sino que también podría interpretarse como complacencia ante prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores.
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