Federico Berrueto
En el INE se ha hecho un llamado a los medios de comunicación para que desistan del señalamiento de narcoelección o aquello de que será la elección más violenta de la historia reciente. Es explicable, está haciendo su parte para que los comicios transiten con normalidad. Por su parte, la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, llama a la prudencia del presidente López Obrador por su referencia al golpe técnico de Estado. Muy bien la preocupación del órgano electoral sobre la imagen a proyectar del proceso en curso y que, efectivamente, haga su trabajo con la participación de cientos de miles de ciudadanos para una jornada electoral ordenada acorde a las precedentes que, se reconozca o no, han sido ejemplares.
El problema no es de imagen, sino de realidad. La tarea del INE se remite a la jornada electoral y también a la regulación de las campañas. Se entienden las limitaciones del INE, no es autoridad en materia de seguridad pública como para generar condiciones de normalidad en las zonas de alta presencia del crimen organizado, para que los candidatos realicen su proselitismo con libertad y que los ciudadanos participen sin temor en las campañas y eventualmente emitan su voto. Las condiciones de amplias zonas del país en manos de la delincuencia son un factor que no se puede minimizar y que el órgano electoral debiera exponer con mayor claridad.
El elefante en la sala es el crimen organizado. Lo ha señalado con claridad el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, postura secundada por sus pares. Efectivamente, hay un problema que no se debe ignorar, que no entraña juicio sobre el INE ni pone en cuestión su empeño por tener elecciones normales; simplemente es una realidad por resolver; por lo mismo, se debe exigir a las autoridades competentes actuar con determinación.
La preocupación del INE sobre la imagen del proceso electoral no debe llevarlo a la complacencia. Es la instancia idónea para exigir al gobierno federal y de los estados cumplir con su responsabilidad de proveer seguridad pública para que las elecciones puedan transitar en normalidad para la jornada electoral y para las campañas. La complacencia conduce a la connivencia.
Semejante dilema al del INE ocurre con los partidos y los candidatos. Evidenciar el deterioro de la seguridad pública en amplios territorios del país, incluso en casi la totalidad de entidades -Guerrero-, los expone a la respuesta violenta de los criminales, inhibe a sus candidatos y simpatizantes y propicia la imagen de derrota anticipada. Sin embargo, las dirigencias de los partidos tienen la obligación de documentar las infracciones a la ley y anticipar que, efectivamente, si 20% de las casillas son irregulares, procedería anular los comicios de legisladores en el distrito o entidad que se presente; si ocurriera en 25% de las casillas en todo el país, la elección presidencial se anularía, esto sin dejar de considerar la violación genérica por la inequidad que resulta de la elección de Estado que promueve y conduce el presidente López Obrador.
La imagen importa y es bueno que el INE se preocupe, pero más relevante es la realidad. No se puede hablar de normalidad cuando el órgano competente del Consejo General para dar seguimiento a las campañas, la Comisión de Quejas y Denuncias, se la pasa reconviniendo al presidente. Las sanciones en el sentido de excluir de su acervo esas referencias ilegales porque dañan la equidad en la contienda y acreditan la parcialidad de las autoridades son llamadas a misa. El presidente violenta el marco legal una y otra vez. Además, está el financiamiento ilegal con recursos públicos; el oprobio del clientelismo electoral con los programas sociales, documentado por la encuesta de El Financiero, y que personal pagado por la sociedad sea empleado para actividades partidistas.
No es un tema de estética o de que se ve mal. La elección en puerta se perfila como la más violenta de la historia, guste o no a los consejeros. El crimen organizado controla amplios territorios, con expresiones violentas algunos, otros donde el orden es garantizado por el dominio criminal. Asimismo, los efectos que corrompen la legalidad de la elección por la interferencia del presidente y su parcialidad obligan al órgano electoral más que reconvenir al presidente a hacerle un llamado enérgico de que su conducta está comprometiendo la equidad en la contienda, la legitimidad de los resultados y la legalidad del proceso electoral.
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