Bacalar, Q. Roo.- La organización ambiental, Greenpeace en México, denunció que elementos de la Sedena, continúan con la construcción de obras en Bacalar, pese a que tenían orden judicial de suspender provisionalmente el inmueble.
Cabe mencionar, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya contaba con más de una suspensión, una de ellas impuesta por un juez de Distrito en Quintana Roo, a petición de más de 100 habitantes del estado, quienes preocupados por el impacto ecológico del inmueble, lograron frenar su construcción.
El 22 de abril, la Revista Proceso anunció una segunda suspensión contra las obras militares, esto debido a una demanda de amparo directo organizada por diversas asociaciones civiles, junto con Proyecto Justicia Común (PROJUC) y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Sin embargo, el freno de obras, no ha bastado para que continúen los trabajos de construcción a orillas de la laguna de los siete colores y el fuerte de San Felipe.
¿Qué está construyendo la Sedena?
La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, había anunciado la ocupación que tendría un inmueble ubicado en Bacalar, como espacio de descanso para el personal de la defensa que estuvo involucrado en operaciones de alto riesgo.
Señalaron que este espacio brindará ayuda a los militares en su recuperación física y mental tras sufrir agresiones, y/o padecer estrés postraumático, como consecuencia de los trabajos a los que se veían expuestos.
Ante esto, la SEDENA solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la “Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental“. Dicho documento identifica y evalúa los efectos ambientales que tendrá una obra antes de ser ejecutada, así como las actividades para restaurar los daños o alteraciones que provoque.
Esta excención del MIA a Sedena, fue autorizada por la Semarnat, quien señaló que dicha obra no generaba desequilibrio ecológico, ni transgredía la normatividad aplicada en materia ambiental, sin dar mayor explicación al respecto.
Frente a esta situación, pobladores de Quintana Roo, así como grupos ecologistas como DMAS y Greenpeace México han denunciado el actuar del ejército, argumentando que no existen estudios de impacto ambiental ni se están respetando las suspensiones judiciales impuestas.
Además, declararon su preocupación por el patrimonio natural, ya que el dragado y posterior relleno podría poner en riesgo la calidad del agua de la laguna y la vida de las especies que habitan en ella y a su alrededor.
