Investigan a funcionaria de QRoo por estar inscrita a programa social

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CHETUMAL.—  Por instrucción de la gobernadora Mara Lezama, la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo ha iniciado una investigación sobre el registro de servidores públicos a programas sociales que están destinados a la población más vulnerable del estado. Pues se “tiene la encomienda de cuidar los recursos del pueblo para que se destinen en quienes menos tienen“.

⇒ Esto, luego de que se revelara que la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo (SEBIEN), Rosario de Los Ángeles Aban Mukul, es beneficiaria del programa “Mujer es vida”, destinado a mujeres de escasos recursos.

La Contraloría estatal indicó que “se han dado de baja de manera inmediata de los programas sociales y se han separado de sus cargos en la estructura de Gobierno a aquellas personas que incurrieron en dicha falta. Adicional a esto, se informa que se ha iniciado una auditoria profunda para garantizar que los programas sean aprovechados por el sector al que va dirigido“.

La denuncia fue hecha por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leobardo Rojas, quien señaló que la funcionaria estaba inscrita en el programa social a pesar de ostentar un sueldo superior a los 36 mil pesos mensuales, muy por encima de lo establecido en el indicador como requisito.

  • El programa del gobierno estatal se destina a familias de cuatro integrantes cuyos ingresos son menores a 13 mil pesos mensuales.

Se reveló que Aban Mukul tiene activa su tarjeta “Mujer es vida”, en la que le depositan mil 200 pesos mensuales, mientras que en el segundo mes se le otorga la despensa “Comemos todas” que contiene productos de la canasta básica, beneficio que se les brinda a todas las mujeres inscritas en el programa social.

Leobardo Rojas también acusó al titular de la Secretaría del Bienestar estatal, Pablo Bustamante, de brindar estos beneficios del programa a más funcionarios y allegados al Gobierno estatal. Sin embargo, a decir de la mandataria, el secretario estatal desconocía los presuntos actos de irregularidad.

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EM/dsc

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