Patricia Retana
CIUDAD DE MÉXICO.-Ocho meses después de haber dejado sus cargos, decenas de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial siguen esperando las liquidaciones que el gobierno les prometió. A cambio de su retiro anticipado, aceptaron —bajo palabra— que sus derechos laborales serían respetados y que los fideicomisos creados para garantizar esos pagos serían suficientes. Pero lo que parecía un trato institucional se convirtió en una jugada política que dejó a muchos sin pensión, sin salario y sin respuesta.
Los fideicomisos judiciales —alrededor de 15,000 millones de pesos destinados a jubilaciones, seguros médicos y prestaciones laborales— fueron entregados por Nafinsa a la Secretaría de Hacienda y, según dijo Claudia Sheinbaum en conferencia mañanera, se utilizarán para “fortalecer al ISSSTE”. ¿Y los derechos adquiridos? Bien, gracias. Hasta ahora, los afectados no han recibido ni un solo peso de lo que les corresponde por ley. Y lo más grave: no hay garantía de que lo reciban pronto.
El mensaje desde el gobierno es claro: pueden irse a su casa, pero no esperen justicia laboral. Mientras en Palacio Nacional se celebra la redistribución del presupuesto y se presume un combate a los “privilegios del Poder Judicial”, los verdaderos afectados —funcionarios que dedicaron décadas al servicio de la justicia— enfrentan un abandono institucional brutal. La narrativa oficial habla de eficiencia social, pero la realidad se parece más a un despojo encubierto por discursos populistas.
Más allá de los debates ideológicos, el uso de estos fondos sin un proceso claro y sin respeto a las sentencias que protegían su destino configura una señal de alerta sobre el trato que puede esperar cualquier trabajador del Estado. Si así se trata a los jueces que protegían la legalidad, ¿qué puede esperar el resto?
AM.MX/fm
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